Los préstamos adquiridos por las alcaldías hondureñas se han convertido en un espejo de la fragilidad financiera de los gobiernos locales. Aunque estas deudas deberían destinarse a proyectos de infraestructura que impulsen el desarrollo comunitario, la realidad revela un patrón preocupante: gran parte de los recursos se utilizan para cubrir gastos operativos.

Un estudio reciente muestra que el 59.39 % de los fondos obtenidos vía préstamos se destinan al gasto corriente: salarios, pago de servicios básicos y obligaciones inmediatas. Esta práctica no solo frena la posibilidad de generar obras de impacto, sino que ata a los municipios a compromisos bancarios que hipotecan sus ingresos futuros.

El economista David Carías Dávila advierte que este comportamiento es síntoma de una ausencia total de control institucional.

"Esto nos denota que no existe en el país un verdadero control del endeudamiento municipal", señala.

La ley es clara: la deuda de una municipalidad no debe superar el 20 % de sus ingresos ni extenderse por más de cuatro años. Sin embargo, en la práctica, estos límites se ignoran.

La falta de regulación efectiva abre la puerta a un endeudamiento insostenible que se acumula año tras año. Y mientras los alcaldes justifican la necesidad de liquidez inmediata, las comunidades ven postergados proyectos de largo plazo, desde sistemas de agua potable hasta mejoramiento de carreteras.

A la debilidad institucional se suma un factor social: la desconexión de la ciudadanía con la gestión local.

Décadas atrás, los vecinos solían involucrarse en el destino de los recursos, incluso exigiendo obras pequeñas como el pavimento de una calle frente a su casa. Hoy, ese interés se ha diluido. La falta de presión ciudadana facilita que los préstamos se utilicen en gastos rutinarios, sin cuestionamientos ni exigencias de transparencia.

El resultado es un círculo vicioso: endeudamiento elevado, baja inversión en infraestructura, poca fiscalización y ausencia de corresponsabilidad ciudadana. Bajo este escenario, el futuro financiero de las municipalidades hondureñas se ve comprometido.

La deuda, concebida como un mecanismo para impulsar el desarrollo, se ha convertido en una trampa que amenaza con paralizar el progreso de las comunidades.

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