Esta decisión se produce después de que, a pesar de haber tramitado una entrega voluntaria a través de sus defensas, ambas no asistieron a la audiencia de declaración de imputado.
En ese aspecto, la audiencia inicial, que inició ayer, tiene como figura central a Iris María Sarmiento Ferreira, exasistente de la gerencia técnica del Fondo Vial, quien fue la primera imputada que se presentó ante los tribunales en relación con el caso Narcopolítica II, según el Ministerio Púbico (MP).
Por otra parte, entre los implicados se encuentran figuras prominentes, como el exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano, el extitular de la gerencia técnica, Elder Jacobo Gómez Gavarrete, y el gerente propietario de la empresa Inrimar, Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por narcotráfico.
El caso 'Narcopolítica II' se desentrañó el 13 de septiembre de 2023, acusando a 12 personas de participar en un esquema que facilitó el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas internacional.
Dicho proceso involucra obras contratadas con el Estado hondureño, muchas de las cuales nunca se llevaron a cabo, según el ente acusador del Estado de Honduras.
Primera etapa
En la primera fase de este caso, llamado 'Narcopolítica I', que se remonta a mayo de 2019, se acusó al exministro de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), Miguel Rodrigo Pastor, así como a otros funcionarios, por delitos de fraude, cohecho y lavado de activos.
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Entre los coimputados figuraban Fabio Porfirio Lobo Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, con cargos por conspiración a la narcoactividad en Estados Unidos.
Las imputaciones en ambas etapas de Narcopolítica apuntan al otorgamiento de contratos a la empresa Inrimar, supuestamente destinados a obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro.
Se reveló, según el MP, que la empresa fue favorecida con la suscripción de 21 contratos por más de 68 millones de lempiras en la primera fase, y ahora se suman otros 10 contratos por más de 50 millones de lempiras.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, estos contratos se adjudicaron sin que Inrimar cumpliera con los requisitos legales para contratar con el Estado durante la gestión del expresidente Porfirio Lobo Sosa.
La trama del caso incluye el fraccionamiento de obras y la emisión de decretos de emergencia, en algunos casos alegando situaciones climáticas como tormentas tropicales.
Además, muchas de las obras que se asignaron falsamente se acreditaron como realizadas y entregadas, mientras que las que realmente se llevaron a cabo fueron sobrevaloradas.
Todo apunta a que la asignación de estos contratos tenía como propósito principal legitimar a Inrimar y permitir el lavado de dinero derivado del narcotráfico a través de instituciones gubernamentales.
(Artículo de Javier Álvarez con el apoyo de la Inteligencia Artificial).
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