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La OACNUDH, que tiene en la Ciudad de Panamá su oficina para América Central y el Caribe, reprobó además que la UCA haya sido calificada como un "centro de terrorismo para organizar grupos delincuenciales" por las autoridades nicaragüenses.



"La OACNUDH recuerda al Estado de Nicaragua que su obligación ante la grave medida de cerrar una universidad, por supuesto motivos de seguridad nacional, debe estar justificada respecto a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".



En una declaración difundida a través de sus redes sociales, la oficina del Alto Comisionado alertó además que esta medida de las autoridades nicaragüenses "afecta gravemente el derecho a la educación, indispensable para la realización de otros derechos humanos".



La Justicia de Nicaragua, controlada por el Gobierno que preside Daniel Ortega, ordenó a la jesuita UCA, uno de los centros de estudios privados más prestigiosos del país, traspasar sus bienes muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua, informó este miércoles la institución educativa.



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"Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales", explicó la casa de estudios en un correo electrónico dirigido a la comunidad educativa y compartido con EFE.



La universidad jesuita, cuyo rector es el sacerdote Rolando Enrique Alvarado López, decidió suspender a partir de este miércoles "todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad".



Las autoridades congelaron la semana pasada las cuentas bancarias e inmovilizaron las propiedades de la UCA, mientras que el lunes un organismo adscrito a la Corte Suprema de Justicia revocó la acreditación del Centro de Mediación de la universidad, unas medidas que se han ejecutado en medio de los roces entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia católica nicaragüense.



<h3>Piden cese a la 'agresión gubernamental'</h3>



La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, con sede en San Salvador, pidió el miércoles el cese a la "agresión gubernamental" contra la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua.



"Solicitamos al Gobierno de Nicaragua cese la creciente agresión gubernamental en contra de la Universidad y sus integrantes" y los responsabilizó de "todos los daños" que puedan sufrir alumnos, empleados y patrimonio.



La Compañía de Jesús indicó que la orden judicial de "incautación de todos los bienes inmuebles, muebles y del patrimonio económico de la Universidad a favor del Estado de Nicaragua" es "injustificada".



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También llamó a que "sea inmediatamente revertida y corregida la drástica, inesperada e injusta medida adoptada por el órgano judicial".



La UCA, fundada en 1960, confirmó a través de un correo electrónico dirigido a la comunidad educativa y compartido con EFE, que el martes, a las 5:29 de la mañana, hora local, recibieron un oficio de la jueza Gloria María Saavedra, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, en el que le notificaron esa y otras medidas.



"Esta nueva agresión gubernamental en contra de la Universidad no es un hecho aislado; forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad", añadió la Compañía en la misiva.



Subrayó que "son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua" reflejadas en el oficio judicial, en la que acusa a la UCA de ser un "centro de terrorismo" y de haber "traicionado la confianza del pueblo nicaragüense".



"La confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense", acotó la Compañía de Jesús.



Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato con sus principales contendientes en prisión.&nbsp;



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ONU condena la confiscación de la jesuita Universidad Centroamericana en Nicaragua

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