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La disolución de la Asociación Cosep en Nicaragua, creada el 26 de diciembre de 1991, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, y publicada en el Diario Oficial La Gaceta.



Junto al Cosep fueron disueltas otras 18 cámaras empresariales que pertenecen a esa cúpula patronal, entre ellas la Asociación Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), creada el 10 de octubre de 1995 y a la que pertenecen las empresas que extraen y venden oro, el principal producto de exportación.



En su último comunicado, el pasado 13 de febrero, el Cosep agradeció al Gobierno de Ortega por la excarcelación de 222 prisioneros nicaragüenses, incluido 7 que pertenecen a esa gremial, y consideró que se trató de "un paso grande para iniciar la unidad".



La cúpula patronal también hizo extensivo su agradecimiento al pueblo y Gobierno de los Estados Unidos "por recibirles y brindar todas las atenciones".



<h4>Cosep mantuvo alianza de consenso con el gobierno</h4>



Entre los 7 miembros del Cosep que fueron excarcelados, expatriados y desnacionalizados se encuentran Michael Healy y Álvaro Vargas, quienes presidían esa cúpula patronal cuando fueron arrestados por delitos considerados traición a la patria.



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También el empresario José Adán Aguerri Chamorro, quien dirigió el Cosep por 13 años, en los que promovió una alianza de consenso con el Gobierno de Ortega y con los sindicatos sandinistas.



Las autoridades nicaragüenses excarcelaron y expulsaron el pasado 9 de febrero a Estados Unidos a un grupo de 222 presos políticos, incluido 7 que intentaron disputar la Presidencia al actual mandatario, por traidores a la patria, según detalla la sentencia de un Tribunal de Apelaciones de Managua.



Un día después, las autoridades de Nicaragua despojaron de la nacionalidad nicaragüense a los 222 presos, incluido a los 7 del Cosep.



Esos 222 prisioneros nicaragüenses, entre líderes opositores, sacerdotes, defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, periodistas, empresarios y críticos al Gobierno de Ortega, también fueron inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública, a cargos de elección popular, y se les suspendió sus derechos ciudadanos de por vida.



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<h4>Lista de cámaras disuelto</h4>



El Ministerio de Gobernación también disolvió la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec), la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur), la Cámara Nicaragüense de la Construcción, y la Asociación Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic).



También la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan), Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores Agroquímicos (Anifoda), Cámara de Microfinanzas (Asomif), Cámara de Energía de Nicaragua, Asociación Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) y Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua.



Además la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen), Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (Anapa), y Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Importados (Andiva).



Asimismo, la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Andiprofa), Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), y la Cámara de Productores y Procesadores de Palma Africana (Capropalma).



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<h4>Las cámaraas 'no estaban inscritas', dice gobernación</h4>



Según Gobernación, esas cámaras que estaban inscritas como organizaciones no gubernamentales (ONG), no completaron el proceso de convalidación de registro o presentaron inconsistencias en la información.



Entre otros, mencionaron variaciones en cuentas sin justificar, diferencias de saldos sin soportes en cuentas, y que no reportaron detalle de ingresos y gastos.



"Con estas acciones estos organismos no promueven políticas de transparencia en la administración y manejo de sus fondos", indicó la cartera de Gobernación.



"Así mismo no han reportado estados financieros período fiscal 2022", agregó.



Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.



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