El Ministerio Público (MP) expresó su desacuerdo con la resolución que concede medidas sustitutivas a Iván Abab Velásquez Castro, gerente de Koriun Inversiones, acusado de fraude en perjuicio de cientos de inversionistas en Honduras.
En el caso Koriun, la defensa del imputado propuso como caución la presentación de tres bienes inmuebles, valorados mediante avalúo privado en 15,348,566.86 lempiras, además de una caución depositaria de dos millones de lempiras (L2,000,000.00).
Ante esta propuesta, el MP manifestó su rechazo a la medida sustitutiva otorgada, al considerar la gravedad de los delitos imputados y el evidente riesgo de fuga del encausado.
MP interpondrá recurso penal para frenar decisión
En ese sentido, la institución anunció que interpondrá los recursos penales correspondientes con el objetivo de evitar que Velásquez recupere su libertad y garantizar la correcta aplicación de la justicia.
“En virtud de la gravedad de los delitos imputados y el evidente riesgo de fuga del imputado, el Ministerio Público manifiesta su desacuerdo”, señaló el ente acusador.
Carta de libertad no efectiva, inversionistas esperan con esperanza
Hasta el momento, la carta de libertad no se ha hecho efectiva. Mientras tanto, más de 600 inversionistas viajaron desde Choloma hasta la Penitenciaría Nacional de Támara, donde permanecen a la espera de Iván Velásquez, ya que aseguran que él les devolverá el dinero invertido.
Contexto caso Koriun: Iván Velásquez
El caso Koriun estalló el 23 de abril de 2025, cuando el Ministerio Público intervino las oficinas de la empresa en varias ciudades del país.
Las autoridades detectaron que operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y ofrecía ganancias del 5 % semanal, características propias de un esquema Ponzi.
Iván Velásquez Castro fue capturado el 14 de mayo y permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad debido al riesgo contra su vida. Un día después, las autoridades detuvieron a su pareja, Kefi Gavarrete.
Ambos, junto a Marcos Villeda Galdámez, enfrentan acusaciones por un fraude millonario que afectó a cientos de personas.
El MP insiste en que este caso debe resolverse con apego a la ley, dada su magnitud e impacto económico en las víctimas.
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