Uno de los problemas con los que se enfrentará el nuevo gobierno es el abultado aparato estatal. Como una de las salidas que se barajan en la comisión de transición es la de adelgazar la masa salarial y unir varias dependencias para evitar la duplicidad de funciones.
Por ahora, más de 200,000 empleados públicos están teóricamente en riesgo de ser despedidos y de quedar en el aire con la llegada de un nuevo partido político al poder.
Ese cuerpo de trabajadores del sector público ejerce presión sobre las finanzas, ya que el pago de sus sueldos y salarios requiere anualmente de una cifra entre 80,000 y 90,000 millones de lempiras.
Además de reducir la cifra de servidores gubernamentales, la principal propuesta del nuevo Gobierno es el cierre, la reestructuración y la fusión de las dependencias estatales, una iniciativa que también ha sido parte de los compromisos asumidos en otros períodos políticos, pero que nunca llegaron a concretarse.
Nuevo gobierno
La explicación es simple: El aparato gubernamental ha sido un nido donde han medrado los clientes políticos; es decir, aquéllos que se involucran en actividades proselitistas para conseguir una “chamba”. Por esa razón es que se ha dado cabida al nacimiento de más y más instituciones.
Te podría interesar: Editorial HRN: El proteccionismo, una mala práctica que conspira contra la competitividad
La crisis financiera de Honduras en estos momentos no tiene precedentes, lo que obliga a la administración entrante a reformular el Presupuesto y reducir el gasto corriente, una de cuyas principales fuentes de drenaje es el pago de sueldos y salarios a los empleados.
Los expertos de que se ha hecho rodear la presidente electa, Xiomara Castro, han esbozado un plan tendiente a la desaparición de algunas instituciones que ejecutan funciones duplicadas, así como la unión de unas tres decenas de dependencias estatales para disminuir el número de empleados gubernamentales y garantizar una eficiente labor de la cosa pública.
El aparato burocrático ha crecido progresivamente en cada período gubernamental, en tal medida que las oficinas que hace algunas décadas funcionaban con 100 empleados, ahora están cargadas con 800 trabajadores, la mayoría “paracaidistas”, pues no tienen tareas asignadas.
Ha sido una costumbre la formulación de planillas fantasmas, el empleo de activistas que solamente llegan a marcar la entrada y la salida o, peor aún, premiados con sueldos y salarios que son acreditados a sus cuentas de ahorro sin necesidad de que se presenten a sus oficinas.
Se sabe que, en los últimos diez años, fueron creadas unas treinta dependencias que han sido atiborradas de burócratas, y para cuyo mantenimiento los gastos del país se incrementaron en cien millones de lempiras.
Una vez más, y con motivo de la asunción de nuevas autoridades del país, se ha puesto en discusión la práctica de una reingeniería del aparato gubernamental.
La finalidad es adelgazar la burocracia y volver más eficiente al Gobierno que ha crecido de manera inmoderada sin resultados y con más perjuicios para las finanzas del país y para las demandas sociales.
