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Cada año, el número de empleados públicos se ha incrementado entre el 5 y 15 por ciento. Eventualmente la masa de burócratas ha experimentado una disminución relativa insignificante.



Para el caso, en los últimos dos años, la cantidad de servidores del gobierno pasó de 240,000 a 210,000, de acuerdo con reportes oficiales.



La masa salarial se incrementó entre un 13 y un 15 &nbsp;por ciento en el período 2017-2018, con un impacto tal que ha obligado al gobierno a tomar nuevos endeudamientos.



Un estudio elaborado por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, pone en perspectiva que en el referido tiempo el número de empleados públicos pasó de 208,000 a 236,000.



Esto quiere decir que en 2018 ingresaron en el aparato estatal 28,000 empleados más, en comparación con 2017; es decir, un promedio de 2,300 nuevos burócratas cada mes.



En 2017 fue reportada una modesta y poco representativa disminución en la empleomanía. Pero esta descarga quedó anulada en los 12 meses siguientes, cuando llegaron más trabajadores a congestionar las oficinas gubernamentales.



Entre 2001 y 2009, la cantidad de burócratas pasó de 166,000 a 189,500, un alza de alrededor de 14 por ciento, según un informe presentado por la máxima casa de estudios.



En el ciclo 2014-2018, la cifra de empleados estatales subió en 10 por ciento, ya que tuvo una variación desde 214,000 a 236,000 asalariados incrustados en el aparato gubernamental.



Tomando como punto de partida la meta de recaudación tributaria del país, se obtiene que el pago de sueldos y salarios del sector público se lleva más de la mitad de tales ingresos.



En sus evaluaciones recientes, el Fondo Monetario Internacional ha hecho un especial llamado a las autoridades del país a controlar el crecimiento del gasto público, especialmente el que genera la masa salarial.



Hasta ahora se prestaron oídos sordos a tales recomendaciones del organismo externo y que coinciden con las que han sido expuestas por instituciones de la sociedad civil que enfocan sus esfuerzos en el análisis de las finanzas públicas.



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