Acciones penales serán enfiladas en las próximas horas como parte de un proceso para deducir responsabilidades a los ex funcionarios de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI), señalados de haber manejado como “una piñata” los muebles e inmuebles puestos a su resguardo.
Los funcionarios que han llegado a los cargos de jerarquía en la mencionada dependencia, han denunciado que no encontraron rastro de archivos ni inventarios de los bienes asegurados e incautados puestos bajo su tutela.
Para la semana que ha comenzado, se tiene previsto que sean requeridos un grupo de ex funcionarios de la OABI, implicados en actos de corrupción y que incluso se llame a rendir cuentas al ex titular, Francisco Flores, señalado de haberse negado a ejecutar órdenes de devolución de bienes y otras irregularidades.
Estos ex empleados tendrán que responder por qué no existen registros de las propiedades entregadas al resguardo de la OABI, y cuáles son los motivos por los que otros bienes muebles e inmuebles fueron distribuidos de manera abusiva entre cargos de superioridad en las gestiones anteriores
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La podredumbre en la OABI comenzó a ponerse al descubierto el jueves anterior, cuando el director de la institución, Jorge Gonzales, denunció que desaparecieron los informes, tanto digitales como físicos, correspondientes a los últimos tres años.
En ese mismo orden, fueron detectados al menos 21 expedientes que corresponden a la venta directa de bienes que se supone fue ordenada por el ex mandatario Juan Orlando Hernández.
Abogados penalistas se han pronunciado, durante sus intervenciones a través de HRN, a favor de que la ley constitutiva de la OABI sea revisada y reformada para evitar que se repitan este tipo de excesos a causa del aseguramiento de bienes sin resoluciones judiciales o la repartición de los mismos a altos burócratas de turno.
El ex fiscal y ahora asesor de la Presidencia en materia de Transparencia, Edmundo Orellana Mercado, calificó los actos denunciados en la OABI como un expediente que no tiene parangón en la historia del país.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública mantiene abiertas siete líneas de investigación que incluyen a exdirectores, exsecretarios generales y exadministradores, de quienes se afirma que conformaron una red de actos ilícitos en la administración de haberes que pasaron a custodia del Estado por suponerlos de origen no legítimo.
Hasta septiembre de 2021, la OABI tenía bajo su gestión unos 672 millones de lempiras en efectivo, cerca de 3,700, bienes muebles y 2,334 inmuebles y otras pertenencias de sujetos con procesos legales. Con todo esto se hizo un “festín” que ahora comienza a salir a la luz con detalles.
