Numerosos países tienen atrasos en sus contribuciones a la ONU -que se financia con las aportaciones de los estados miembros-, hasta tal punto de que el año pasado la organización tuvo que suspender las contrataciones.
El pasado 25 de enero, su secretario general, António Guterres, mandó una carta a todos los Estados recordándoles que, de no mediar un pago de sus aportaciones a corto plazo, las arcas quedarían vacías para agosto, y que en lo inmediato eso significaría una limitación de las reuniones, un freno a proyectos de construcción o mantenimiento de edificios y una reducción de compras.
Cincuenta países aún no han pagado sus partidas correspondientes a 2023, y entre ellos se encuentra EE.UU., que debe una parte de su cuota por la dificultad de la Administración Biden de que el Congreso apruebe esa aportación; en este momento EE.UU. debe mil millones de dólares entre los atrasos de 2023 más su cuota de 2024.
Los recortes presupuestarios afectan a todos los departamentos, pero a HRW le preocupa en particular las consecuencias de las misiones de investigación sobre derechos humanos en países como Sudán, Siria y Ucrania, donde hay serias sospechas de que se han cometido atrocidades.
Al respecto, recuerda que ciertos países como China, Rusia, Cuba y otros llevan años tratando de quitar fondos para investigaciones que arrancan desde el llamado Quinto Comité de la Asamblea General, de la que suelen salir estas misiones.
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