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El Ministerio Público logró un auto de formal procesamiento con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva contra Oscar David Montecinos, a quien se le atribuye el delito de violencia contra la mujer, en perjuicio de la doctora Floridalia Aguilar.



De acuerdo con hechos investigativos de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-Mujer), la agresión ocurrió el 1 de mayo de 2025, durante la marcha conmemorativa del Día del Trabajador. 



Ese día, la doctora Aguilar participó en la manifestación como forma de protesta social, utilizando un traje de baño y pancartas para denunciar presuntos actos de corrupción, la crisis del sistema sanitario, la falta de medicamentos en hospitales públicos y la exigencia de justicia para las víctimas de feminicidio.



En ese momento el imputado era empleado del 911 y simpatizante del partido Libertad y Refundación. Las autoridades establecieron que, en ese contexto, molesto por lo que manifestaba la doctora, procedió a agredirla verbalmente.



La acción motivó la intervención del ente acusador y la posterior judicialización del caso por tratarse de un hecho de violencia basada en género.



A Montecinos se le conoce desde niño por haber formado parte de marchas y otras manifestaciones convocadas primero por el llamado Frente Nacional de Resistencia y luego por el partido Libertad y Refundación (Libre).



<h2>Se le impusieron medidas cautelares </h2>



Durante la audiencia inicial celebrada recientemente, el órgano jurisdiccional competente resolvió dictar auto de formal procesamiento e impuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, mientras avanza el proceso penal en contra de Oscar Montecinos.



Asimismo, el juzgado programó la audiencia preliminar para el 28 de enero de 2026, fecha en la que el Ministerio Público formalizará la acusación correspondiente y presentará los elementos probatorios que sustentan la responsabilidad penal del imputado.



<h3>Pena por violencia contra la mujer </h3>



De acuerdo con el artículo 209 del Código Penal, el delito de violencia contra la mujer sanciona a quien ejerce violencia física o psicológica en un contexto de relaciones desiguales de poder basadas en género, con penas de uno a cuatro años de prisión, además de multa o prestación de servicios de utilidad pública. 



La normativa también contempla agravantes cuando la víctima pertenece a un grupo especialmente vulnerable.



Las autoridades aseguraron que continuarán el seguimiento del caso hasta que se emita una resolución definitiva conforme a la ley.



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