Desde 2022 a 2023, el Estado de Honduras pagó alrededor de 4 mil 400 millones de lempiras en más de 6 mil 800 demandas por despidos injustificados de empleados públicos, según indicó el abogado Juan Carlos Aguilar, de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), con datos de la Procuraduría de la República (PGR).
Solo en 2022, el Gobierno recibió cerca de 4 mil demandas -la mayoría por mala ejecución de despidos- por las que se pagaron más de 2 mil 800 millones de lempiras, detalló Aguilar a Radio HRN.
En 2023 la cantidad se redujo a aproximadamente 2 mil 800 demandas, mismas que representaron a la actual administración un pago de mil 600 millones de lempiras.
"Para el año 2022 fueron cerca de 4 mil demandas las que se presentaron, la mayoría por demandas en concepto de despidos, es decir malos procedimientos para la realización de despidos. Pero para este 2023, si bien es cierto disminuyó, pero se siguen manteniendo cerca de 2 mil 800 demandas, que han representado una erogación de más de 2 mil 800 (millones de lempiras) para 2022 y más de mil 600 para 2023 en concepto de resarcimiento que el Gobierno de la República ha tenido que pagar a estas personas que han sido despedidas de mala manera", explicó.
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Demandas por despidos injustificados al Estado de Honduras
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CJS), Roy Pineda, señaló a Radio HRN que gran parte de estas demandas se debe a la excesiva contratación de empleados por parte del Gobierno.
"Gran parte se debe a la excesiva contratación del Estado (...) antes del 2022 se contrató mucho personal por contrato y no bajo el sistema de acuerdo, y esto generó reconocimientos de antigüedad de los mismos", comenzó explicando el magistrado.
A lo anterior, Roy Pineda agregó: "Al existir demasiada contratación de ese tipo llega a incrementar el número de conocimiento de casos a la primera instancia judicial y, desde luego, a las cortes de apelaciones y salas", explicó el magistrado.
La contratación de empleados públicos debe ser analizada
El magistrado de la CSJ hizo énfasis en la falta de aplicación de las normas de control interno, precisamente en el reclutamiento de personal en el tema laboral.
"La contratación de este tipo, personal o por resultado, no puede ser por más de un año o determinado número de meses u horas, debe ser cuidadosamente analizada", finalizó Roy Pineda.
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