Hernández señaló la necesidad de que el sistema de justicia actúe de manera imparcial e independiente, sin importar el rango o la posición de los acusados, en este caso al ser expresidentes en el caso Pandora II.

El representante de la ASJ declaró que estas acusaciones demuestran una "institucional, la corrupción generalizada" que ha plagado a Honduras, y enfatizó la importancia de que se siga el debido proceso y se establezcan precedentes en la lucha contra la corrupción.

"Es una vergüenza para el país estamos hablando de dos expresidentes, eso demuestra la debilidad institucional, la corrupción generalizada que ha habido en el país y ahora esperar que se haga lo que corresponde de acuerdo y siguiendo el debido proceso, pero que se pueda sentar precedentes en el país", dijo Hernández a noticieros Hoy Mismo, de TSi.

La corrupción, según Hernández, ha tenido un impacto perjudicial en el país, privando a la población de oportunidades para experimentar el bienestar. La lucha contra la corrupción, subrayó, debe ser independiente de la posición y el rango de los acusados.

El sistema de justicia de Honduras ha sacudido la escena política del país centroamericano con acusaciones de corrupción contra dos expresidentes, ambos electos por el Partido Nacional (PN).

Las acusaciones surgieron en el marco del caso conocido como 'Pandora II', una investigación realizada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).

Por su parte, Luis Javier Santos, titular de la Uferco, anunció que el "Caso Pandora II" cierra un capítulo del caso más amplio conocido como "Pandora", según un posteo que realizó a través de X (antes Twitter).

Según Santos, esta nueva línea de investigación se centra en los funcionarios involucrados en el origen del caso, donde se utilizaron artificios para desviar fondos públicos a través de fundaciones, que posteriormente financiaron campañas políticas.

La magnitud de la cifra desviada asciende a L288,016,175.00.

De esta cantidad, L62 millones habrían sido destinados a la campaña política de Juan Orlando Hernández, mientras que otros L35 millones fueron trasladados a la fundación Todos Somo Honduras luego de ser aprobados por la Secretaría de Finanzas, según las investigaciones del MP.

Las acusaciones

El requerimiento fiscal presentado por la Uferco señala a ocho funcionarios, incluyendo a los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa. A Hernández se le imputa el delito de fraude y lavado de activos por más de 62 millones de lempiras obtenidos de manera ilícita.

Junto a los expresidentes, figuran funcionarios de alto rango, como el extitular de la Secretaría de Finanzas, Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, y el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, entre otros.

Estas acusaciones se basan en violación de los deberes de los funcionarios y fraude, y se refieren a delitos que habrían tenido lugar entre 2010 y 2013, cuando Lobo Sosa era presidente y Hernández Alvarado era presidente del Congreso Nacional.

Porfirio Lobo Sosa no ha regresado a la política desde su presidencia en el periodo 2010-2014, mientras que Juan Orlando Hernández ocupó la presidencia por dos periodos consecutivos, el primero entre 2014 y 2018, y el segundo en una controvertida reelección entre 2018 y 2022.

Tras su salida del poder, Hernández fue arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2022, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico.

(Artículo de Javier Álvarez con el apoyo de la Inteligencia Artificial).

Siga leyendo MP acusa a Pepe Lobo y a JOH de millonario fraude en caso Pandora II