La decisión del papa Francisco se produjo al final de una audiencia con el nuevo Prefecto (ministro) de la Secretaría de Economía, el español Maximino Caballero el pasado 13 de febrero en la que pidió "que se asignen y reserven mayores recursos a la Sede Apostólica.
También aumentando los ingresos por la gestión de la activos inmobiliarios", se lee en el documento que ha publicado el sitio web Messainlatino.it y que circula internamente en Vaticano.
El papa decidió así "la supresión de alojamiento gratuito y ventajoso para cardenales, jefes de dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, ejecutivos, auditores y equivalentes, del Tribunal de Roma Rota, de los edificios propiedad de las Instituciones curiales y de los órganos que se refieren a la Santa Sede", se lee en el documento.
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"Los órganos propietarios (de los inmuebles) deberán aplicar a los sujetos anteriores los mismos precios aplicables a los que no tengan oficina en la Santa Sede o en el Estado de la Ciudad del Vaticano", señala el documento.
También se especifica la necesidad de que se pague, según las tarifas existentes, el alojamiento en la "Domus Santa Marta", la residencia en el interior del Vaticano donde vive el papa y que muchos prelados, pero también visitantes, utilizan como hotel a veces sin pagar.
El documento precisa que los contratos actualmente estipulados continuarán hasta su caducidad y posteriormente se aplicarán los nuevos alquileres.
Asimismo, el papa ha establecido que cualquier deroga a esta normativa tendrá que ser directamente autorizada por él.
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También en el documento, el papa Francisco elimina las "aportaciones para la vivienda", suplementos que se pagan para hacer frente al alquiler.
El patrimonio inmobiliario de la Santa Sede gestionado por el APSA en Italia consta de 4,051 propiedades en Italia y unas 1,120 en el extranjero, sin incluir sus embajadas por todo el mundo.
En Italia es aproximadamente de 1.6 millones de metros cuadrados y sólo el 15% están destinados en el mercado libre, el 30% en alquileres subvencionados para empleados, pensionados y otras formas de ayuda y el 55% restante para fines institucionales o en cualquier caso asignados en régimen de préstamo gratuito, como escuelas o universidades.
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