El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra los propietarios de una cabaña ubicada en Tatumbla, Francisco Morazán, por su presunta responsabilidad en la muerte de una pareja que falleció intoxicada con monóxido de carbono mientras se hospedaba en el establecimiento.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida acusa a una madre y su hijo por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de Nicole Alejandra Figueroa López y Luis Alonzo Oseguera Betancourth.
Además, presentó cargos contra un agente de la Policía Nacional por el supuesto delito de malversación por apropiación en perjuicio de la administración pública.
¿Qué pasó?
De acuerdo con las investigaciones realizadas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2025, cuando Nicole y Luis ingresaron al hotel con la intención de hospedarse durante tres días en una de sus cabañas.
Sin embargo, la mañana del día siguiente, aproximadamente a las 8:00, empleados del establecimiento llegaron a la habitación para entregarles el desayuno.
Al no obtener respuesta de la pareja, informaron de la situación a los propietarios mediante una llamada telefónica.
Posteriormente, los dueños acudieron a la cabaña y encontraron a Nicole y Luis sin vida.
Pareja murió por intoxicación con monóxido de carbono
El dictamen médico legal estableció que ambos fallecieron por asfixia provocada por intoxicación con monóxido de carbono. Asimismo, el informe determinó que la manera de muerte fue homicida.
Las autoridades desarrollaron diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar las posibles responsabilidades de los propietarios del establecimiento.
Policía habría utilizado documentos de una de las víctimas
Por otra parte, las investigaciones también permitieron establecer que un agente policial habría utilizado los documentos personales de Nicole Alejandra Figueroa López para realizar diferentes transacciones en varios establecimientos comerciales.
Este hallazgo dio paso a una segunda acusación contra el funcionario, a quien el Ministerio Público señala por el supuesto delito de malversación por apropiación.
Con la presentación del requerimiento fiscal, la Fiscalía busca que los señalados respondan ante la justicia por los hechos investigados.
Las acusaciones deberán ventilarse en los tribunales, donde se determinará la responsabilidad penal de cada uno de los implicados.
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