La presidente, Xiomara Castro, y las autoridades de Seguridad y de Defensa insisten en que los grupos delictivos comunes y las redes del crimen organizado han recibido duros reveses; además, que sus acciones están bajo control.
¿Son absolutos los resultados de las ejecutorias de las fuerzas del orden y de las agencias de investigación? Hay hechos que dejan muchas dudas en torno a la efectividad en el combate al hampa y a la impunidad, en particular en lo que tiene que ver con el asesinato de mujeres, la extorsión y el trasiego de drogas.
Hasta la semana pasada, se habían cuantificado 17 feminicidios, entre estos expedientes el asesinato de tres jóvenes en Roatán, Islas de la Bahía, y otros que se han quedado sin ser investigados.
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Por otra parte, las bandas que han marcado territorio en el cobro del impuesto de guerra mantienen bajo estado de terror a los diferentes sectores contra los que han anclado sus embates, por más que los funcionarios de la administración Castro-Zelaya se vanaglorien de haber dado captura a mil sujetos imputados por extorsión en 2023.
En este mismo círculo de la violencia, nuestro país se ha consolidado como el punto de tránsito para la comercialización y distribución de droga, sin pasar inadvertido que nuestro territorio se ha convertido en uno de los centros de procesamiento a gran escala de nuevas sustancias sintéticas, cuyo consumo tiene consecuencias verdaderamente catastróficas para nuestra sociedad y para la seguridad nacional.
Investigaciones relacionadas con el fenómeno de la inseguridad en la región, estiman que la incidencia de la criminalidad en nuestro país es 400 por ciento más alta que la de El Salvador y sobrepasa en cien por ciento la tasa de acciones delictivas de Guatemala y Nicaragua.
Autoridades locales y fuerzas vivas de Olancho, Yoro, Cortés y otros departamentos que reflejan los indicadores más críticos de violencia han clamado por una intervención férrea de esos territorios invadidos por los forajidos organizados.
La guerra contra la inseguridad debería de ir encaminada a revisar qué es lo que se ha hecho en otros países para contener el paso de los criminales.
Es un mandato debatir acerca de cuál es el camino que tendríamos que tomar para no sucumbir, sino avanzar, en el combate a las asociaciones del hampa.
Las instituciones encargadas de la persecución del delito, del ejercicio de la acción penal y de la impartición de justicia, en su conjunto, deben dar un golpe contundente a los criminales y afinar la batalla en pro de la seguridad, la protección de la vida y el imperio de la ley en un Estado de Derecho.
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