La alta dosis de politización con la que son abordados los problemas educativo, sanitario y agrícola, los más graves, impide encontrar salidas a tales dificultades.
En ese punto concuerdan los sectores que critican que en las distintas etapas de la historia nacional se haya impuesto la falta de una voluntad política para definir una visión de país.
En el tema de la educación, los funcionarios de la presente gestión gubernamental denunciaron que el índice de analfabetismo se triplicó en los 12 años del régimen pasado y afirmaron que el retroceso en la enseñanza-aprendizaje es culpa de quienes les antecedieron.
Está anunciada la llegada de profesores cubanos que respaldarán la aplicación de metodologías para la alfabetización a nivel nacional, así como la revisión del currículum nacional y el plan de formación de docentes.
En conversación con HRN, reconocidos académicos han dicho que la problemática educativa es muy compleja; por tanto, el planteamiento de soluciones a la misma no pasa por enfocar señalamientos hacia el pasado.
En el terreno sanitario, las confrontaciones son más agudas. El titular de esa cartera ministerial, José Manuel Matheu, está enfrentado con el Colegio Médico en razón de la determinación de contratar más de 80 facultativos especialistas de Cuba.
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Mientras los médicos hondureños recriminan por qué no le pagan el salario al personal que estado en la primera línea y por qué no son integrados los doctores desempleados.
El titular de Salud también ha entrado en rivalidad con dirigente de ciertas organizaciones de la sociedad civil, a quienes acusa de haber tolerado la corrupción en el período anterior y que ahora reclaman un papel de veeduría que no les corresponde.
Las pugnas alrededor del acceso a las tierras y los incentivos para la producción agrícola también son casi irreconciliables y se han agudizado con la toma e invasión de tierras.
Los empresarios e industriales han lanzado llamados al Gobierno, dirigidos a que se termine con las invasiones de tierras privadas, debido a que a alientan la inseguridad jurídica y ahuyentan la llegada de capital.
A nivel nacional, se estima que alrededor de 12,000 hectáreas productivas están ocupadas por grupos que reclaman tierras en perjuicio de la propiedad privada.
En sentido contrario a esa demanda, funcionarios del INA justifican que los campesinos y los pueblos indígenas tienen derecho a la tierra, a la vez que le han dado un ribete político a su postura al señalar que el gobierno anterior "destruyó" la reforma agraria.
La problemática agudizada en los sectores educativo, sanitario y agrícola, debe ser analizada con profundidad para encontrar soluciones concertadas sin intereses políticos, pero sí con miras a construir una visión de país.
