Para el ejercicio fiscal 2023, el Presupuesto de la República establece una línea de 14,000 millones de lempiras que irán destinados a subsidiar los combustibles y la energía eléctrica.
Esta suma corresponde al 30 por ciento de una suma de 48,000 lempiras que están previstos para la inversión social en el presente año.
La política de subvenciones es objeto de más críticas de parte de entendidos en economía y manejo de finanzas, dado que es calificada como un “espejismo de ayuda social”.
Uno de los cuestionamientos que se formulan contra la entrega de subsidios es que no pueden tener una vigencia de largo sustento y sus consecuencias sobre el balance de las finanzas son negativas.
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Además, el otorgamiento de estos beneficios que supuestamente son dirigidas a las capas de la población más necesitada, terminan por ser cargados a otros segmentos, en especial a la clase media y a los empresarios e industriales.
Un análisis realizado por expertos en inversión destaca un hecho: los subsidios no focalizados no son un buen método para ayudar a las personas vulnerables a progresar en sus condiciones sociales.
Sostienen que estas medidas, que algunos califican de "corte populista", perjudican la economía, la productividad y la llegada de más inversión.
En lugar de los programas de subsidios, el Gobierno tendría que poner en marcha iniciativas para atraer capital y crear plazas laborales, porque ello facilitaría una movilidad social entre los sectores más deprimidos.
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La pérdida de empleos, la incapacidad de la economía hondureña para establecer puestos de trabajo, la incertidumbre jurídica y el negativo entorno para impulsar la economía, son factores que han contribuido a ahondar la pobreza y a deteriorar la igualdad social.
Pero las desventajas en que viven la mayoría de la población, según los estudiosos de la problemática nacional, requieren de una serie de acciones, de una visión global de cómo sacar a Honduras del subdesarrollo.
Los subsidios son solamente una parte de las acciones que son necesarias para aliviar las condiciones de desigualdad de la población. Su impacto es muy limitado, su efecto es corto y, además, su sostenimiento es muy costoso para las finanzas públicas.
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