Los intereses políticos y las motivaciones sectarias en Honduras afloran con más fuerza, en momentos en que todos los pronósticos en torno al comportamiento de la pandemia de covid-19 y sus consecuencias son más sombríos.
Están a la orden del día las denuncias de los alcaldes sobre el suministro pobre de los biológicos para inmunizar a la población, la falta de dinero para mantener abiertas las unidades de atención primaria y el abandono de la red hospitalaria pública.
Funcionarios edilicios de la zona sur, específicamente del departamento de Choluteca, han elevado su queja, ya que -según arguyen- la administración central lleva a cabo una acción diferenciada en la distribución y aplicación de la vacuna por "mala voluntad que nace de razones políticas".
En lo que algunos sectores consideran "una jugada política", el gobierno de Honduras inició la vacunación en Amapala, Valle. Las autoridades locales han calificado esta jornada como "un show ".
Al mismo tiempo, han advertido que la movilización de última hora para inocular a unos cuantos pobladores de Valle podría entorpecer la nueva gestión que realiza un grupo de alcaldes con El Salvador para conseguir una mayor provisión de vacunas.
Como se sabe, un tono semejante de confrontación mantuvieron hace algunas semanas ciertos funcionarios gubernamentales y siete alcaldes que viajaron al vecino país para pedirle al presidente Nayib Bukele un lote de vacunas anticovid.
Los líderes municipales denunciaron ser objeto de amenazas de parte de altos cargos del Ejecutivo y acusaron una especie de boicot para retrasar la aplicación de las vacunas ofrecidas por El Salvador.
En los días que corren ha surgido otro movimiento de alcaldes que exploran otras posibilidades de contratación de vacunas sin importar las circunstancias geopolíticas o ideológicas que pudiesen mediar.
El cometido que llevan adelante un conjunto de funcionarios municipales para adquirir compuestos farmacéuticos contra el nuevo virus, no tendría por qué interferir en la campaña de inmunización del Gobierno, han dicho en réplica fuentes ligadas con el Poder Ejecutivo.
Las vacunas no son el único factor de discordia con ribetes político-sectarios entre los alcaldes y las autoridades gubernamentales. Los munícipes han denunciado la tardanza con que se realizan las transferencias destinadas a responder a la emergencia sanitaria.
Los triajes también son parte del conflicto. Varios centros siguen cerrados y otros están a punto de entrar en ese proceso, debido a que el Gobierno ha retrasado la entrega de fondos que urgen para atender a los pacientes covid-19.
Los alcaldes han cuestionado de manera reiterada que desde el Poder Ejecutivo se pongan trabas al flujo de dinero que se requiere en tiempos en que el covid-19 avanza con mayor agresividad, no solo en las grandes zonas urbanas, sino en el interior del país.
Los gobiernos locales con menor disponibilidad de fondos han tenido que reajustar su presupuesto y suspender la ejecución de proyectos, como una medida tendiente a reorientar los recursos y responder al acecho de la peste.
Para mayores complicaciones, ha explosionado una fuerte disputa entre grupos de alcaldes, enredados entre sí por claros propósitos políticos. Es una coyuntura que no resulta sana, en medio de la plaga que ha caído a Honduras y que ya ha cobrado la vida de más de 6,000 pacientes covid.
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