La abogada Claudia Erazo presentó este lunes una recusación formal contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, a quien el pleno designó como juez natural en el proceso penal iniciado por el Ministerio Público (MP) contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El 10 de noviembre pasado el Ministerio Público emitió requerimiento fiscal contra los magistrados del TJE, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, por el delito de prevaricato al considerar que dos de sus actuaciones contravienen las leyes electorales.
Al ser altos funcionarios del Estado, corresponde a un magistrado de la Corte Suprema asumir el papel de juez natural. Un día después, el 11 de noviembre, el Poder Judicial informó que sería la magistrada Ráquel Obando la que tomaría el caso, según la normativa de rotaciones con las que se asignan los procesos.
¿Por qué razón se recusa a la magistrada Rebeca Ráquel Obando?
Según entrevista que Erazo brindó al programa La Tarde, de HRN y TSi, la defensa sostiene que la funcionaria no debe continuar conociendo el caso debido a un supuesto conflicto de intereses por su militancia política.
Este recurso ingresó en horas de la tarde ante la presidencia del Poder Judicial.
De acuerdo con Erazo, la recusación se fundamenta en que Rebeca Ráquel Obando figura como militante fundadora del Partido Libertad y Refundación (Libre), lo que —a criterio de la defensa técnica— puede comprometer la imparcialidad del proceso y afectar el derecho de los imputados a un juicio justo.
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Señalan riesgos de parcialidad por militancia partidaria
Al respecto, Erazo afirmó que cuentan con documentación del censo partidario de Libre en el que, aseguró, se acredita la participación activa de la magistrada presidenta en ese instituto político.
A su juicio, esta condición constituye un “conflicto de interés evidente”, especialmente porque el caso contra los magistrados del TJE tiene connotaciones políticas y exige que el juez natural esté completamente desvinculado de cualquier partido.
Además, la defensa argumentó que permitir que Ráquel continúe al frente del expediente podría instrumentalizar al Poder Judicial y desvirtuar la obligación de impartir justicia con transparencia.
Del mismo modo, señaló que la magistrada presidenta se ha excusado en el pasado de conocer otros procesos, por lo que —según dijo— corresponde que haga lo mismo en esta causa.
Recursos pendientes agravan dudas de la defensa
Durante su declaración, Erazo recordó que aún están sin resolver varios recursos que la defensa ha presentado ante distintas instancias.
Entre ellos mencionó un recurso de amparo pendiente de admisión, solicitudes de nulidad absoluta ya notificadas, pero sin resolución, y una apelación que todavía no ha sido trasladada al juez natural correspondiente.
Según la abogada, la falta de respuesta a estos recursos genera un “vacío preocupante” y contribuye a un ambiente de incertidumbre jurídica.
Además, advirtió que avanzar hacia una audiencia de declaración de imputado mientras persisten recursos pendientes podría vulnerar los principios constitucionales y la normativa del procesal penal.
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CSJ aún no se pronuncia sobre la recusación
Hasta el cierre de esta edición, el Poder Judicial no había emitido una posición oficial sobre la recusación ni sobre la posibilidad de designar a otro juez natural.
La audiencia para la declaración de imputado está programada para este martes 18 de noviembre, aunque podría reprogramarse si el pleno decide admitir el recurso.
Erazo insistió en que la recusación debe conocerse con urgencia y que la presidenta de la CSJ debe inhibirse de inmediato, a fin de garantizar imparcialidad en el proceso penal contra los magistrados del TJE.
El requerimiento contra los magistrados del TJE
El Poder Judicial confirmó días atrás la admisión del requerimiento fiscal contra los magistrados del TJE, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez y Mario Alberto Flores Urrutia, señalados por el Ministerio Público como presuntos responsables de prevaricato judicial.
Así las cosas, el Juzgado de Letras Natural ordenó citarlos a comparecer el martes 18 de noviembre de 2025, a las 2:00 de la tarde, en la sala de prensa de la Corte Suprema de Justicia, donde se celebrará la audiencia de declaración de imputado.
Según las cédulas emitidas el 13 de noviembre y firmadas por el secretario designado, Wily Alexander Medina Pérez, ambos magistrados deberán presentarse de forma obligatoria para recibir la notificación formal de la acusación.
El documento advierte que, en caso de inasistencia, el tribunal podrá librar las órdenes de captura correspondientes.
Esta medida deriva del requerimiento fiscal presentado el 10 de noviembre por supuestas resoluciones contrarias a la ley, entre ellas la aceptación de una recusación sin el quórum adecuado y la orden de inscripción de Jorge Cálix y Cristhian Villalobos como candidatos a diputados.
En tal aspecto, el Ministerio Público sostiene que las decisiones emitidas los días 27 y 28 de octubre fueron irregulares, arbitrarias y antijurídicas, ya que —según afirma— se tomaron sin respetar el procedimiento que exige la Ley Orgánica y Procesal Electoral ni la integración legal del pleno del TJE.
Dicha acción penal se suma al clima de tensión institucional generado por recientes fallos electorales que han provocado cuestionamientos y confrontación entre órganos del sistema electoral hondureño.
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