El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, anunció que continuará ejerciendo sus funciones de manera virtual, tras ser acusado por el Ministerio Público (MP) del presunto delito de prevaricato judicial.
A través de un comunicado público, Mario Flores Urrutia sostuvo que la decisión busca proteger su integridad física y su libertad, ante lo que calificó como una "persecución política reiterativa" dirigida contra él y la también magistrada del TJE, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez.
Además, Flores Urrutia aseguró que las acciones en su contra son parte de un intento del actual gobierno por "instrumentalizar al Ministerio Público y politizar la Corte Suprema de Justicia", poniendo en riesgo —dijo— la independencia de los poderes del Estado y la estabilidad institucional del país.
Agregó que su modalidad de trabajo virtual "es permitida y no prohibitiva", y que continuará desempeñando su cargo "con el mismo compromiso de fortalecer y rescatar la frágil democracia hondureña".
De igual modo, el magistrado hizo además un llamado al Congreso Nacional para que ejerza los controles constitucionales de pesos y contrapesos, con el fin de "proteger los derechos del pueblo soberano" y evitar la desaparición de la justicia electoral en Honduras.
Finalmente, subrayó que él y la magistrada Barahona han cumplido "con total celo y apego" la Constitución, la Carta Democrática Interamericana y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
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El MP defiende su proceder y niega motivaciones políticas
Por su parte, el Ministerio Público (MP) defendió su actuación y aseguró que el requerimiento fiscal presentado contra los magistrados del TJE está debidamente fundamentado con prueba documental y testifical.
Según explicó el ente acusador a través de un comunicado, ambos funcionarios habrían emitido resoluciones contrarias a la ley, al declarar sin lugar una recusación y ordenar la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados, pese a no cumplir los requisitos legales.
El MP precisó que los magistrados sesionaron como un pleno de dos, en violación del artículo 35 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral, que exige la presencia de tres magistrados —o al menos dos propietarios y un suplente— para que las decisiones sean válidas.
Sobre esa misma línea, la institución remarcó que no persigue personas, “sino delitos”, y que toda su actuación se enmarca dentro de la Constitución y las leyes hondureñas.
Asimismo, el ente acusador reiteró que la Corte Suprema de Justicia ya resolvió que los magistrados del TJE no gozan de antejuicio, por lo que el procedimiento se realizó conforme a derecho.
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