El monto de recaudación de la Tasa de Seguridad se ha venido abajo como reflejo de la emergencia por la que atraviesa el país y que ha ocasionado la paralización de los rubros económicos.

De una suma de alrededor de 183 millones de lempiras mensuales que ingresaron el año pasado, el monto recibido hasta octubre de 2020 se ha reducido a 85 millones de lempiras, una baja de 50 por ciento.

El informe del Fideicomiso del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional detalla que de enero a la fecha, el sector financiero aportó 830 millones de lempiras, la telefonía móvil transfirió 13 millones, el sector cooperativo entregó 11 millones, el sector de las comidas contribuyó con dos millones y los casinos y tragamonedas sumó un millón.

Entre 2012 y 2019, el Tasón registra una recaudación global de 15,600 millones de lempiras. En cada uno de esos años, el ingreso de fondos ha tenido una variación entre mil y 2,700 millones, pero en el presente período la captación de recursos bajó hasta 858 millones.

El mismo reporte de la Tasa de Seguridad Poblacional subraya que en los últimos ocho años han sido distribuidos cerca de 18,000 millones de lempiras entre las Secretarías de Seguridad y Defensa, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, las municipalidades y los programas de prevención de la criminalidad.

La mayor parte, unos nueve mil millones, se han dirigido a la cartera de Seguridad, otra cifra de seis mil millones se han orientado a Defensa y un poco más de 500 millones ha recibido el Poder Judicial.

Novecientos millones han sido traspasados al Ministerio Público, 87 millones han ido para las alcaldías y 884 para los proyectos de prevención de la inseguridad.

El “Tasón” ha sido cuestionado por amplios sectores del país por los dudosos mecanismos de rendición de cuentas del fideicomiso y por sus balances negativos. El fondo ha mantenido una deuda con la banca privada de entre cuatro mil y tres mil millones de lempiras.

En la presente crisis, sectores mayoritarios se han pronunciado a favor de que tales recursos sean utilizados con transparencia y reorientados a los sectores prioritarios de educación y de salud pública.

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