El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, justificó su decisión de no ceder la palabra a la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, en la sesión parlamentaria del miércoles 12 de febrero porque era improcedente e ilegal en referencia al Tratado de Extradición.
Redondo argumentó que el Congreso Nacional no tiene facultades para decidir o dirigir la política exterior del Estado, ya que esta es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, conforme al artículo 245, numeral 12, de la Constitución.
“La congresista está solicitando que se violenten esos límites. Y como siempre lo he sostenido, en mi condición de presidente del Congreso Nacional no permitiré ninguna moción que violente la Constitución, que usurpe funciones de otro poder del Estado o que pretenda dar golpe de Estado. Condeno el pretender usar el Congreso Nacional engañando al pueblo hondureño”, expresó Redondo.
La sesión parlamentaria fue suspendida luego de que Mena insistiera en presentar su moción para renovar el Tratado de Extradición. Se reportó que la diputada contaba con el respaldo de 73 congresistas de diferentes bancadas, aunque no se precisó cuáles.
Reacción de Fátima Mena
La diputada del PSH reaccionó a la decisión en el noticiero Matutino de TN5, donde criticó la postura de Redondo y lo acusó de favorecer al crimen organizado.
“Con la acción de ayer, son cómplices del crimen organizado. No nos pueden pedir que tengamos confianza. El pueblo hondureño quiere que la extradición continúe y que se lleve a los capos de la droga, independientemente de los partidos políticos a los que pertenezcan”, manifestó Mena.
Contexto sobre la eliminación del Tratado de Extradición
El 28 de agosto de 2024, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro denunció el Tratado de Extradición con Estados Unidos, en medio de una tensión diplomática con la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu.
La controversia surgió tras la reunión de autoridades hondureñas con el sancionado ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
Por su parte, el canciller hondureño Eduardo Enrique Reina justificó la revocación del tratado, que finaliza el próximo 28 de febrero, alegando que podría ser utilizado como un arma política para extraditar a funcionarios o militares de alto rango por razones ajenas al narcotráfico.
Desde su implementación en 2014, más de 50 hondureños fueron extraditados, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien en 2022 fue enviado a Estados Unidos y condenado a 45 años de prisión, así como su hermano Antonio Hernández, sentenciado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico.
