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Diversos sectores sociales denunciaron el viernes (08.10.2021) que las reformas al nuevo Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley contra el Lavado de Activos aprobadas por el Congreso Nacional (CN) "limitan" la investigación contra delitos de corrupción.



El jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, indicó que Honduras es un "Estado de barbarie" y afirmó que con las reformas aprobadas "se impone secreto bancario para investigar los delitos de corrupción".



"Cada día estoy convencido de que en Honduras vivimos en un Estado de barbarie… con las reformas aprobadas se impone secreto bancario para investigar los delitos de corrupción, quieren que los fiscales nos limitemos a investigar abusos de autoridad", señaló Santos en un mensaje en Twitter.



Además: <a href="https://www.radiohrn.hn/salio-con-sus-amigos-a-cazar-lo-hirieron-por-error-lo-abandonaron-y-murio-desangrado-en-copan-honduras-sucesos-2021">Estos son los diputados que se presentaron a sesión del Congreso Nacional en pleno feriado Morazánico</a>



El Legislativo reformó el artículo 47 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos para que el secreto bancario sea "suspendido únicamente en las investigaciones por los delitos de tipificación en los títulos 25 y 32 del Código Penal y supuestos de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito, mediante siempre orden emitida por el órgano jurisdiccional competente".



Santos lamentó, en este sentido, que el CN no legisla a favor del pueblo hondureño, pues los diputados que aprobaron las reformas "son personas investigadas e involucradas en actos de corrupción buscando cómo autoprotegerse y proteger sus allegados".



<h4>"Estocada final" a la lucha anticorrupción</h4>



Las reformas también fueron cuestionadas por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que indicó en un pronunciamiento que la iniciativa es la "estocada final a la lucha contra la corrupción" en Honduras.



El Congreso reformó de "manera opaca y en el sigilo" la Ley Especial Contra el Lavado de Activos para incluir a las organizaciones de sociedad civil que investigan, denuncian y exponen actos de corrupción, como "Personas Expuestas Políticamente (PEP)".



Esta decisión "autoritaria", añadió la ASJ, capítulo local de Transparencia Internacional, "detenta contra los principios constitucionales de asociación civil, libertad de expresión y participación ciudadana".



<h4>Hostigamiento a sociedad civil</h4>



La ASJ condenó "enérgicamente esta acción de hostigamiento" desde el poder Legislativo "al tachar a ciudadanos organizados que combaten la corrupción en Honduras como actores que corren el riesgo de lavar dinero en el sistema financiero".



Recordó que las organizaciones de sociedad civil "ni siquiera entran dentro del concepto de Personas Expuestas Políticamente al no ejercer cargos públicos, colaborar con políticos, influir en las decisiones sobre el destino del gasto público y tampoco ser personas naturales".



La ASJ destacó que, al incluir "sin razonamiento legal o dictamen técnico" a organizaciones de sociedad civil como Personas Expuestas Políticamente, el Parlamento "claramente contraviene lo establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción".



Además, demuestra "su intención de amenazar, perseguir y coaccionar a organizaciones que en los últimos años han demostrado ser el único bastión contra la corrupción".



Alertó también a los medios de comunicación, empresarios, organizaciones religiosas, la academia y entidades de cooperación internacional que esto "solamente es el comienzo".



"Si estas acciones logran materializarse sin ninguna reacción concertada, cada vez será más fácil callar y coartar las acciones ciudadanas contra la corrupción", afirmó la ASJ.



Estos comportamientos "autoritarios" se conocen "muy bien" en América Latina y han generado "trágicas consecuencias, causando enorme dolor y luto en las familias y retrocesos en los países", agregó la ASJ.



El CN también aprobó reformas para aumentar la pena por usurpación de cuatro a seis años de prisión y, en el caso de trata de personas, la sentencia será de entre 10 y 15 años.



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Reformas aprobadas por el CN en pleno 'feriadón' limitan lucha anticorrupción, denuncian sectores sociales