De cara a la nueva jornada comicial en Honduras, el censo electoral incluye a 700 mil nuevos votantes.
El desafío de los líderes y dirigentes de los 14 partidos que están inscritos para la consulta popular de este año es atraer la voluntad de esa masa de ciudadanos.
Es un número importante y representativo de la población que tiene una potencial cuota de decisión en la vida política e institucional del país. De ello no cabe duda.
Sin embargo, no es seguro que los nuevos electores acudan a ejercer el voto, un deber ciudadano en el que reside la construcción y fortalecimiento del Estado de Derecho.
De hecho, en las últimas justas comiciales el porcentaje de abstencionismo ha sido muy acentuado, casi del cincuenta por ciento, como una expresión del enorme descontento que prevalece entre la población que no se siente identificada con los postulantes a cargos de dirección y que ha perdido toda confianza en la clase política.
Dos factores esenciales manchan y llevan a la podredumbre el quehacer político en el país. El primero es la falta de un discurso creíble y la ausencia de propuestas viables, sino más bien populistas.
El segundo hecho es la creciente infiltración de recursos sucios, canalizados por organizaciones y personajes ligados con el crimen y las redes de corrupción.
¿A qué límites puede llegar la ambición de nuestros políticos? Esa pregunta se desprende de los cambios aprobados recientemente en la Ley de Política Limpia.
A todas luces, el país se encuentra frente a un "golpe bajo" a los esfuerzos para adecentar los menesteres político-partidaristas y desbaratar los propósitos de las asociaciones ilícitas de tener incidencia en la institucionalidad hondureña.
Los círculos de opinión consideran que es una pena que un sector de la política hondureña esté a merced de las tóxicas redes dedicadas a debilitar los cimientos democráticos y las bases del Estado de Derecho.
En Honduras el descrédito de la clase política se ha ido profundizando y, con ello, ha venido la pérdida de la legitimidad de los procesos de consulta popular.
Ha comenzado con pie izquierdo la campaña política con miras a las justas primarias y generales de este año.
Se ha interpretado con fines espurios la Ley de Transparencia y Política Limpia, en un momento histórico, cuando los hondureños demandan un cambio en la generación de líderes y dirigentes para revitalizar las credenciales de un proyecto de país que giren alrededor de la lucha contra la corrupción y del poder de las mayorías en tiempos de una crisis sin precedentes.
