El fiscal Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), se refirió este domingo 1 de diciembre en HRN sobre los actos de corrupción en el Congreso Nacional que, actualmente, investiga esta entidad.
De acuerdo al abogado, estos casos de corrupción, precisamente, tienen que ver con la conocida como 'Red de Diputados', la cual fue revelada por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Sobre este caso, el abogado señaló que se pueden abrir hasta 200 líneas de investigación debido a que existe la misma cantidad de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) que estarían vinculadas.
Sin embargo, las autoridades se mantienen "poco a poco revisando la información", por lo que, en la actualidad, solo en la Red de Diputados existen unas 35 líneas de investigación "que se están documentando", precisó Santos.
En estas líneas de investigación -continuó-, entre 360 a 380 personas estarían ligadas a la red, según el análisis que realizaron junto a la Maccih en su momento.
"Pero dentro de todo eso hay más de 200 diputados, entre suplentes y titulares, que han ocupado las diferentes administraciones del Congreso Nacional", detalló.
No obstante, el abogado no precisó cuántos requerimientos fiscales serían ordenados contra congresistas y excongresistas.
¿Es persecución política?
Ante señalamientos de una supuesta persecución política, Luis Javier Santos aclaró que esta percepción solo sería una estrategia de parte de los señalados.
"Lo que pasa es que los investigados tienen que tener una estrategia, la única estrategia que han tenido hasta ahora es decir que es persecución política", sostuvo.
"El diputado solicitaba el millón de lempiras para que se le diera a la ONG y la ONG fuera a hacer los proyectos, y la misma ley decía que ellos no se debían de involucrar en la ejecución", agregó, destacando, además, que esa cantidad de dinero "después se los depositaron en sus cuentas".
Uso de recursos de proyectos sociales
En contraparte, consultó la razón por las que les depositaban los fondos en sus cuentas, así como el porqué "les pagaban tarjetas de crédito y por qué compraban vehículos".
"Ese sí debería ser un argumento", manifestó, resaltando que no escuchan los argumentos de una persecución política porque ellos hacen "una persecución de las personas que han saqueado el país".
"Hay una falacia en ese discurso, si no quieren que se les llame persecución política, no se apropien de los fondos del Estado", agregó.
Y es que, según detalló el fiscal de la Uferco, los imputados habrían almacenado estos fondos de proyectos sociales en sus cuentas personales.
Las investigaciones de la Uferco revelaron que "algunos los habían gastado en muchas cosas, uno incluso había sacado a una persona que estaba en una casa de citas y se la había llevado a un apartamento, y se lo pagaba con estos subsidios".
"Hay otro que pagaba la hipoteca de su casa, compraban carros, sus tarjetas de crédito, se los daban a sus hijos, a su esposa, a su esposo", continuó.
Es así que cuestionó los proyectos sociales que dejaron de ejecutarse en el país solo porque "el diputado quería enriquecerse más de lo que realmente era".
Caso de Red de Diputados en Honduras
La Maccih reveló y denunció que los excongresistas implicados en la Red de Diputados crearon ONG's con el fin de, presuntamente, desviar millones de lempiras entre 2013 y 2017.
Las investigaciones detallan que los señalados se apropiaron de fondos públicos a través de los llamados Fondos Departamentales para proyectos sociales del Poder Legislativo.
Es así que con el supuesto fin de desarrollar proyectos, los acusados solicitaban recursos económicos al Poder Ejecutivo, aunque estos terminaban siendo destinados a los mismos.
Según la acusación, los imputados ejecutaban porcentajes bajos de estos fondos, mientras que el resto eran usados para gastos personales e incluso para campañas políticas.
