Un juez del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa dictó este domingo detención judicial contra tres generales retirados, Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, acusados por los delitos de homicidio y lesiones graves.
Los imputados, quienes desempeñaron altos cargos en las Fuerzas Armadas, son señalados por el Ministerio Público (MP) como presuntos responsables de la muerte de Isy Obed Murillo y las lesiones de Alex Roberto Zavala, durante un ataque armado ocurrido en el contexto de una manifestación en 2009 cerca del Aeropuerto Toncontín.
Tras la audiencia de declaración de imputados, el juez ordenó que los tres generales retirados permanezcan recluidos en las instalaciones de la cárcel de Támara, pese a que preliminarmente iban a ser enviados al Primer Batallón de Infantería en Tegucigalpa.
La audiencia inicial fue programada para el próximo viernes 10 de enero a la 1:30 de la tarde, donde se determinará si se eleva el caso a juicio.
Contexto de los hechos
El origen de este proceso ocurrieron el 5 de julio de 2009, en el marco de las tensiones políticas que sacudieron a Honduras tras la destitución del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, derrocado el 28 de junio, una semana antes.
Ese día, manifestantes se congregaron en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa para esperar el retorno de Zelaya, quien había sido expulsado del país días antes.
Según el Ministerio Público, elementos de las Fuerzas Armadas dispararon indiscriminadamente contra la multitud utilizando fusiles M16, lo que resultó en la muerte de Isy Obed Murillo, de 19 años, y dejó a varias personas heridas, entre ellas Alex Roberto Zavala.
El requerimiento fiscal detalla que estas acciones fueron ejecutadas bajo las órdenes directas de los entonces jefes militares:
- Romeo Vásquez Velásquez, quien era jefe del Estado Mayor Conjunto
- Venancio Cervantes Suazo, subjefe de la institución castrense
- Carlos Roberto Puerto Fúnez, comandante del Comando de Operaciones Especiales.
Acusaciones a los imputados
El Ministerio Público calificó las acciones de los exmilitares como una respuesta "desproporcionada" y subrayó que los altos mandos castrenses "no sólo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que permitieron y facilitaron actos atroces".
"Estas acciones no fueron incidentes aislados, sino crímenes sistemáticos que violaron gravemente los derechos humanos", indicó el requerimiento fiscal.
Además, se argumentó que la negligencia e inacción de los acusados dejaron a los manifestantes "a merced de una fuerza militar que actuó con violencia inhumana y desmedida".
