La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró con lugar la medida cautelar solicitada por el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, en el recurso de amparo a favor de su representada, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, sobre diligencias investigativas del Ministerio Público en su contra.
Según precisa el documento, la resolución se fundamenta en los numerales 1 y 2 del artículo 59 de la Ley sobre Justicia Constitucional.
En este caso, se debe ante las acciones del ente perseguidor del delito, presuntamente relacionadas directamente con el ejercicio del cargo de la consejera, que afectan el desempeño de Hall en el CNE, según explicó Solórzano.
¿Qué ordena la medida a favor de Ana Paola Hall?
Tras la resolución se ordenó al Ministerio Público la suspensión provisional del acto reclamado. Con ello se bloquea la posibilidad de interponer un requerimiento fiscal sin que antes se haya desarrollado el procedimiento completo de un juicio político.
Esto por la función del cargo de Hall, "y únicamente en el caso de que se haya encontrado alguna responsabilidad y se haya procedido a la destitución de la recurrente".
Es así que, para los efectos legales correspondientes, se comunicó lo resuelto al Ministerio Público con el fin de que desista temporalmente de realizar investigaciones y acusaciones que "impidan el eficaz funcionamiento del CNE", con relación al reciente proceso electoral en Honduras.
"Se manda al Ministerio Público que suspenda toda investigación (...). Esto ya ha sido comunicado al Ministerio Público, (por lo) que no podría ejercerse ninguna acción de investigación en contra de mi representada por la función de cargo que ella ha venido desempeñando", confirmó el abogado Gustavo Solórzano al noticiero Hoy Mismo, de TSi.
Argumento de la defensa de Ana Paola Hall
Gustavo Solórzano explicó que expusieron ante la Sala Constitucional que las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, han sido víctimas de "un acoso institucional" por sus funciones desde septiembre de 2024, cuando quedó establecido el orden de los consejeros de cara a las elecciones primarias de marzo de 2025 y las generales de noviembre del mismo año.
Como parte de ese "acoso institucional" se iniciaron diligencias investigativas contra las consejeras por delitos "que tienen que ver con su actuar profesional dentro del CNE", señaló.
"Todo esto ha venido a interrumpir, como toda la ciudadanía lo conoce, con el buen funcionamiento de este órgano electoral", agregó.
También indicó que argumentaron ante esa Sala que, previo a que el Ministerio Público desarrolle cualquier investigación contra las consejeras, lo que procede es un juicio político debido a la función de sus cargos.
"No hemos dicho, bajo ningún punto, que ellas no pueden ser objeto de investigación. Simplemente hemos señalado que la institucionalidad se ha prestado prácticamente a entorpecer lo que debería de ser a aquellas personas que ejercen esta función para que lo puedan hacer de una manera debida y que den respuesta efectiva a la población hondureña", aclaró.
¿Qué pasó con el amparo de Cossette López?
En contraparte, la consejera vocal del CNE, Cossette López, denunció este mismo martes 13 de enero que, a más de dos meses y medio, la CSJ no ha dado trámite al amparo que presentó "en búsqueda de protección de mis garantías constitucionales y otras acciones".
Esto en relación a un recurso presentado el 30 de octubre contra las acciones emprendidas por el fiscal general Johel Zelaya, quien en distintas conferencias de prensa anunció investigaciones por supuestos actos que involucraban a la funcionaria electoral.
"Dos meses y medio en que todo empeoró y las autoridades judiciales volvieron la cabeza para otro lado", lamentó en sus redes sociales.
Según denunció, en la 'justicia selectiva que ha visto obrar' "se reservan causas para otorgar favores donde no es necesario y el derecho asiste… pero fingen que no, para articular chantajes premeditados, negociaciones políticas y eliminar a quienes creen adversarios en contiendas futuras".
"Dejen de jugar con mi futuro y mis derechos. ¿Con quien hablan para volver su mirada e ignorar mis peticiones mientras atienden otras en menos de 24 horas hábiles?", manifestó.
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