Este viernes, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) ejecutó el traslado de 315 privados de libertad desde la cárcel de Trujillo, en el departamento de Colón, hacia centros penitenciarios ubicados en Olanchito (Yoro), La Ceiba (Atlántida); así como a los de máxima seguridad, La Tolva en Morocelí (El Paraíso); y El Pozo en Ilama (Santa Bárbara).

El traslado se realizó en el contexto de cierre definitivo de los centros penales de Trujillo y La Esperanza, en el departamento de Intibucá, confirmó el INP. Este último se realizó ayer, 29 de mayo, cuando se movilizó a 243 personas.

La entidad señaló que el cierre responde a múltiples factores: el deterioro de las instalaciones, la sobrepoblación y condiciones inadecuadas para el cumplimiento efectivo de los programas de rehabilitación, reeducación y reinserción Social.

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Recluso llama a "portarse bien" porque "no es fácil" estar preso

Uno de los internos, identificado como Ismael López, compartió brevemente su testimonio durante el traslado: “Vamos aquí algo incómodo por el calor, pero todo bien, gracias a Dios. Saludos a las nenas, vamos a estar añales presos”.

También confirmó que todos los internos serían reubicados: “Ahí no queda nadie. Todos los de primer ingreso, los que no están sentenciados todavía, están en Olanchito”.

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Antes de partir, envió un mensaje a la juventud hondureña: “Que se porten bien, porque estar preso no es fácil. Es difícil, hermano. Cada vez peor se está poniendo esta situación”.

Reubicaciones de reos

El cierre de este centro penitenciario se enmarca en una serie de reubicaciones masivas realizadas por el INP.

En el caso del Centro Penitenciario de Trujillo, albergaba una población de 293 internos en un edificio de adobe, ladrillo y lámina. Fue construido en 1,526 y en 1,890 se habilitó como recinto penitenciario.

El penal de La Esperanza está en el centro de la ciudad y con el bloqueo de señal telefónica afecta a los vecinos. Según el Instituto Hondureño de Antropología e Historia la construcción se realizó entre los años 1850 -1901 para funcionar como cuartel.

A partir de 1950 fue sede de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP, ahora Policía Nacional) y empezó a funcionar como penitenciaría.

Otro de los movimientos de internos ocurrió el pasado 19, cuando fueron trasladados 165 desde otras cárceles hacia Morocelí y Santa Bárbara.

Días después, el 22 de mayo, 148 privados de libertad del penal de Marcala, La Paz, fueron llevados a los penales de Comayagua y Támara.

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Estas acciones forman parte de las medidas impulsadas por las autoridades para descongestionar las cárceles del país y fortalecer la seguridad del sistema penitenciario.

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