El economista se expresó en contra de derogar el secreto bancario, medida que propone el gobierno para evitar la evasión fiscal, pues asegura que hay otras maneras de prevención.
"Si el gobierno de la República quiere hacer un seguimiento porque tiene dudas o sospechas de una evasión fiscal, debería seguir procedimientos legales donde un juzgado ordena el levantamiento y la información requerida en forma particular", dijo a la Fuerza Informativa de HRN y Hoy Mismo.
De igual manera, resaltó que "levantar el secreto bancario de carácter general es exponer, en primer lugar, un derecho individual y privado de la persona; en segundo lugar, exponer la persona a que ese banco de datos caiga en manos de delincuentes".
Moncada expresó que no hay necesidad de levantar el secreto bancario si las personas y empresas tienen en orden su declaración y pago de impuestos, por lo que instó a las autoridades gubernamentales a realizar las investigaciones pertinentes para evitar los presuntos abusos fiscales que el gobierno -afirma- pretende evitar.
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Pérdida de empleos
El analista aseguró que el gobierno está buscando destruir la economía de Honduras con la propuesta de reforma tributaria que presentó el Servicio de Administración de Rentas (SAR) a la empresa privada el 8 de marzo, con la que se podrían perder más de 200,000 empleos.
"Es una proyección y podía tener un efecto aún más alto que el que corresponde (...). Yo sinceramente no entiendo cuál es el pensamiento del gabinete económico, si realmente ha medido el impacto de esta de estas acciones", indicó.
Asimismo, el expresidente de la CNBS remarcó que el gobierno tiene que analizar la propuesta de reforma tributaria, ya que considera que "lo que están haciendo es buscando la destruir la economía del país y generando un caos que tiene un mensaje un objeto político".
Reforma tributaria
La presidenta hondureña Xiomara Castro anunció el 30 de enero la propuesta de una reforma tributaria que comprende la eliminación de 16 exoneraciones para combatir presuntos abusos fiscales.
Dicha propuesta fue presentada el 8 de marzo por parte del SAR a la empresa privada, sector que se ha manifestado en contra de la medida porque asegura que la reforma desincentiva la inversión nacional y extranjera.
El gobierno plantea derogar, además de las exoneraciones, el secreto bancario, para " monitorear flujo financieros internacionales y evitar ser declarados paraíso fiscal".
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