Empleados con injerencia política, particularmente en la Secretaría de Salud, Educación y en la Dirección de Extranjería y Migración, fueron los favorecidos con la autorización de nombramientos irregulares en el Gobierno pasado.
Una revisión de expedientes que llevó a efecto la Dirección de Servicio Civil concluye que unos 10,000 puestos fueron otorgados sin cumplir con los requisitos y procedimientos enmarcados en la ley, pero con un impacto económico sustancial.
Estas plazas que fueron dadas a personas afines al partido en el poder en el período anterior, representaron un gasto de 3,000 millones de lempiras mensuales y de casi 40,000 millones al año.
En algunos casos, los activistas recomendados no presentaron su hoja de vida, ni acreditaron sus méritos académicos o experiencia laboral; otros, obtuvieron puestos que no existen; y muchos más, nunca se hicieron presentes en sus plazas o su gestión no fue evaluada por resultados.
Personeros de la Dirección de Servicio Civil destacaron que la manipulación de puestos y salarios se convirtió en una práctica constate con repercusiones sobre el manejo de la población burocrática y las finanzas del país.
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Los especialistas dedicados a revisar los puntos fiscales más débiles, han enfatizado que la aprobación de acuerdos para el personal por contrato, los nombramientos irregulares y las planillas fantasmas han marcado un agujero muy pronunciado en la administración pública.
La brecha entre los ingresos y los gastos que se ha profundizado por factores internos como circunstancias externas, sólo puede ser reducida si son tomadas medidas dirigidas a adelgazar el aparato gubernamental, lo que significa reducir la masa salarial.
El aparato estatal ha crecido de manera descomunal. Los hondureños cargan con al menos 200,000 empleados insertados en las actividades del Gobierno.
Las cifras son claras: Seis de cada diez lempiras del Presupuesto de la República van dirigidos al pago de sueldos y salarios a empleados del sector público y al servicio de la deuda interna y externa.
Esto se traduce en que más de la mitad de los ingresos están dirigidos a alimentar una burocracia insaciable y a honrar una opresiva deuda pública que roza el 60 por ciento del Producto Interno Bruto.
Para 2022 se ha previsto una recaudación de impuestos por el orden de 120,200 millones de lempiras. De esta cantidad, 70 de cada cien lempiras se destinan a sueldos y salarios. Para el Gobierno Central están proyectados ingresos tributarios de 115,800 millones de los cuales la mitad está orientada al pago a los burócratas.
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