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Honduras compró a través de Invest-H siete hospitales móviles para atender a las personas durante la pandemia del coronavirus, sin embargo, solo uno de ellos está habilitado y funcionando: el de San Pedro Sula.  



Invest-H adquirió en Turquía los hospitales móviles, a un costo de cerca de 48 millones de dólares, unos 1,200 millones de lempiras.



Diferentes sectores de la sociedad civil han reprochado la lentitud de poner a funcionar los hospitales móviles, como también la falta de acción penal contra los responsables de la compra de los mismos.



Para el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, no solamente se cometió un delito con la sobrevaloración de los hospitales, es el daño causado a la población porque no han sido puestos en operación.



"Esperamos que se deduzcan responsabilidades. Necesitamos respuestas. No podemos permitir que crezca la desconfianza de la población en las instituciones, porque esto agudiza la crisis", manifestó.



Hernández pidió acciones diligentes de la Fiscalía que lleve a una sentencia condenatoria contra los culpables de actos de corrupción cometidos en la pandemia.



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A criterio del abogado Raúl Pineda Alvarado, es notorio que hubo una sobrevaloración y se requiere una decisión política y no una intención de volcar la responsabilidad en cargos intermedios.



"De una buena vez hay que dejar de enredar las cosas y deducir las responsabilidades penales a Axel López y a todos los demás culpables", denunció.



Para el abogado, hay muchos ruidos y excusas, pero la Fiscalía no ha procedido, "debe haber una acción para juzgar y castigar".



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La compra de los hospitales móviles está ligada a una serie de supuestas irregularidades que son investigadas por las autoridades correspondientes, estiman analistas.



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Sectores hondureños condenan falta de acción penal contra responsables de compra de hospitales móviles