En una acción coordinada por fiscales especiales y agentes de investigación ejecutan hoy un masivo secuestro de documentos en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para investigar presuntas irregularidades financieras y técnicas en la construcción de tres hospitales.
El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), lidera este operativo sorpresa bajo control jurisdiccional.
Esta drástica medida legal surge debido a que las autoridades de la SIT presuntamente ignoraron reiteradas solicitudes formales de información voluntaria sobre el desarrollo de las obras.
Operativo simultáneo en departamentos clave de la SIT
Según informó el Ministerio Público (MP), los equipos fiscales y policiales se desplegaron simultáneamente en la Secretaría General, la Unidad de Hospitales y la tercera planta de la dependencia estatal.
En el lugar, peritos informáticos y agentes anticorrupción intervienen de forma directa computadoras, servidores y dispositivos electrónicos, además de extraer expedientes físicos relacionados con las licitaciones públicas.
Al respecto, el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, confirmó el alcance del operativo y justificó la intervención forzosa ante la falta de cooperación institucional.
Asimismo, las autoridades explicaron que el secuestro de documentos busca asegurar pruebas críticas sobre la construcción de los hospitales ante la posibilidad de que sufran alteraciones.
“No fue posible obtener esta información de la manera formal como se había solicitado. Es por ello que ahora se hace preciso y pertinente presentarse a esta institución para ejecutar las acciones correspondientes”, declaró el portavoz Jorge Galindo.
Ampliación de los centros hospitalarios bajo sospecha criminal
Las líneas de investigación penal de la FETCCOP se concentran de manera específica en tres proyectos de infraestructura médica: el Hospital Básico de Salamá en Olancho, el centro hospitalario de Ocotepeque y el Hospital General de Santa Bárbara.
Según los informes preliminares, las autoridades detectaron indicios claros de sobrevaloración de costos y graves deficiencias de planificación técnica.
Ante las interrogantes de la prensa nacional sobre la amplitud del caso, el vocero del Ministerio Público ratificó que el expediente abarca las tres estructuras sanitarias mencionadas.
De igual forma, el funcionario no descartó que las diligencias se extiendan a otras dependencias si surgen nuevos hallazgos.
“La investigación es por los hospitales básicos de Salamá en Olancho, el de Ocotepeque, además del Hospital General de Santa Bárbara. Esto no significa que no puedan generarse otras diligencias y extenderse este expediente investigativo en otros momentos”, detalló Galindo.
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Gobierno suspende proyectos
En mayo de 2026, el Poder Ejecutivo ratificó la suspensión inmediata de la edificación de los tres hospitales en Salamá, Santa Bárbara y Ocotepeque.
La orden proviene directamente de las directrices del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La administración del presidente Nasry Asfura alegó que la paralización protege las finanzas del Estado y evita comprometer recursos nacionales destinados a salarios, compra de medicamentos y pago a proveedores de la red de salud operativa.
“Son fondos nacionales que significan dejar de pagarle a otra gente para poder hacer un hospital”, argumentó el presidente Nasry Asfura al defender la decisión de congelar las obras bajo escrutinio.
Finalmente, el mandatario hondureño aclaró que el plan inicial contemplaba seis hospitales, de los cuales tres seguirán su curso normal al poseer financiamiento externo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Entre los proyectos que continúan en ejecución destacan el Hospital Regional del Sur en Choluteca y el Hospital San Isidro en Tocoa, debido a sus avances técnicos significativos.
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