Es así que los senadores demócratas Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Tim Kaine, presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, emitieron un manifiesto en el que expresan su inquietud por los recientes acontecimientos que han llevado a la crisis política en Honduras, en particular en el Congreso Nacional.

El comunicado de los senadores estadounidenses señala su profunda preocupación por el intento del Partido Libertad y Refundación (Libre) de consolidarse el poder en Honduras.

Se refirieron, además, al "nombramiento unilateral del fiscal" general y del fiscal general adjunto de manera interina por parte de la Comisión Permanente del Congreso, y no del pleno, como una acción que socava la confianza en las instituciones democráticas de Honduras.

Además, condenaron los actos de violencia por parte de 'colectivos' patrocinados por Libre contra miembros de la oposición en el Congreso. Ante ello, los senadores enfatizaron que la violencia no resolverá la crisis y hacen un llamado a todas las partes a negociar una solución.

Los senadores compararon en su pronunciamiento estas acciones con situaciones similares en países vecinos como Guatemala y El Salvador, que resultaron en acciones por parte de la Administración Biden, como sanciones selectivas y la suspensión de asistencia extranjera a los sectores de seguridad y justicia.

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Nuevos pronunciamientos

El escrito de los senadores Cardin y Kaine se suma a otros emitidos por sus homólogos Jim Risch y Marco Rubio, quienes también solicitaron al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, imponer sanciones "a todos aquellos que busquen socavar la democracia en Honduras." Estos senadores también expresaron su preocupación por la situación política y social en Honduras.

Además de los senadores, funcionarios de alto rango de la Administración Biden, como la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, también han condenado la decisión del Congreso Nacional en relación con la elección de las autoridades del Ministerio Público.

La crisis legislativa

El Congreso de Honduras se encuentra en un impasse, ya que las negociaciones para elegir un nuevo fiscal general y fiscal adjunto , para lo que se requiere menos 86 votos (mayoría calificada), han quedado estancadas.

En ese sentido, el partido gobernante, la Comisión Permanente, integrada en su mayoría por diputados de Libre, utilizó una solución procesal para colocar a Johel Zelaya, como fiscal general, y a Mario Morazán, como fiscal adjunto, en un rol interino, lo que ha llevado a una temporal consolidación del poder de dicho partido, según diversos actores nacionales y extranjeros.

La raíz de la crisis política en Honduras se encuentra en la falta de sesiones del Congreso Nacional desde el 31 de agosto de 2023, cuando se produjeron varios intentos fallidos de elección de los fiscales del Ministerio Público (MP).

Es por ello, que la oposición insistieron en la celebración de sesiones ordinarias para abordar otros temas de la agenda legislativa, mientras que parlamentarios del Partido Libre se opusieron para dar prioridad a la elección de los fiscales.

El 31 de octubre, al no haber reunión para cerrar el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, la oposición se reunió de manera extraordinaria en un sector del hemiciclo, mientras que miembros de la Junta Directiva conformaron una Comisión Permanente.

Entretanto, presuntos colectivos de Libre se apostaron en los bajos del CN y protagonizaron enfrentamientos que dejaron como resultado daños materiales y heridas al diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas.

Dicha Comisión Permanente, la cual ha sido cuestionada en cuanto a su legitimidad, ya que el 1 de noviembre nombró de manera interina a Zelaya y a Morazán como titulares del MP.

Actores nacionales e internacionales han insistido en que los fiscales sean elegidos por el pleno de diputados, lo que requiere al menos 86 votos de los 128 diputados que conforman el poder legislativo en Honduras.

(Artículo de Javier Álvarez con el apoyo de la Inteligencia Artificial).

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