Aunque el Presupuesto de la República que fue modificado para el ejercicio fiscal 2022, incluye una partida de 4,000 millones de lempiras que serían destinados al pago de prestaciones sociales para disminuir la masa salarial, este renglón sigue teniendo un peso importante.
La nueva estructura gubernamental aumenta la burocracia en lugar de disminuirla, han criticado los conocedores de las materias económica y fiscal.
Se sabe que la población de empleados públicos ronda los 300,000 y que para el presente período estaba previsto un monto de entre 80,000 millones y 86,000 millones de lempiras para el pago de sueldos y salarios.
Los críticos resaltan que el Gobierno que tomó posesión a finales de enero no ha tomado acciones de incidencia dirigidas a adelgazar el aparato burocrático y a disminuir a términos razonables la suma exagerada que se gasta para la entrega de las remuneraciones a un selecto grupo de funcionarios que devengan entre cien mil y 340,000 lempiras mensuales.
La brecha entre los ingresos y los gastos que se ha profundizado tanto por factores domésticos como por circunstancias externas, sólo puede ser reducida si son tomadas medidas drásticas para volver más eficiente la maquinaria gubernamental.
Las cifras son claras: Seis de cada diez lempiras del Presupuesto de la República van dirigidos al pago de sueldos y salarios a empleados del sector público y al servicio de la deuda pública.
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Esto se traduce en que más de la mitad de los ingresos están dirigidos a alimentar una burocracia insaciable y a honrar una opresiva deuda pública que abarca el 65 por ciento del Producto Interno Bruto.
Para 2022 se ha proyectado una recaudación de impuestos por el orden de 119,000 millones de lempiras. De esta cantidad, 70 de cada cien lempiras se destinan a sueldos y salarios.
Es el principal renglón de gastos. En los últimos 12 años el monto de los sueldos y salarios entregados a los burócratas se ha incrementado en 170 por ciento al haber pasado de 32,000 millones de lempiras en 2010 a una cifra que ronda los 86,000 millones en 2022.
Las planillas fantasmas, los incrementos selectivos y la contratación de clientes políticos que no reúnen las competencias ni los méritos para su desempeño, son los factores que han contribuido a contaminar la administración pública y a volverla insostenible para las deprimidas finanzas nacionales.
