Un millón 200,000 niños y adolescentes están fuera del sistema; el déficit de maestros es de 6,000 en el nivel básico; solamente cuatro de cada diez alumnos asisten a las aulas; y más de 300,000 infantes están fuera de la enseñanza preescolar.
El rezago de Honduras en materia educativa es más que notorio. El aparato de la enseñanza-aprendizaje quedó más empantanado en los tiempos aciagos de la pandemia.
Nuestra educación no ha salido del hoyo de la mediocridad. Ha pasado de la ingobernabilidad a la politización, y de la mediocridad en sus competencias a su actual estado de profunda y grosera exclusión.
Tenemos un rezago de varios años respecto al vecino El Salvador y de muchas décadas en comparación con naciones como Costa Rica y Panamá, cuya inversión en esa materia es del siete por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).
Las desigualdades del aparato de enseñanza-aprendizaje salen a flote cuando se hace un repaso de los estudios de organismos regionales que indican que ninguno de los 18 departamentos del país alcanza una alta escolaridad del nivel básico.
De acuerdo con las evaluaciones realizadas, los alumnos hondureños obtienen un porcentaje promedio en español del 45 por ciento y en matemática no excede al 40 por ciento.
¿Quiénes son los responsables de que hayamos caído en esa oscuridad?
Es cierto que los maestros han limitado sus acciones al terreno del puro reclamo de sus beneficios salariales; pero, las autoridades de antes y de ahora tampoco han sido capaces de terminar con el caos administrativo y con la influencia política que históricamente ha prevalecido en el sector educativo.
No se ha hecho algo para traer de regreso y hacer que permanezcan en las aulas los estudiantes que se fueron durante la emergencia sanitaria de 2020.
Se desprende otra duda cuando reflexionamos sobre la pobreza de nuestra educación: ¿A nadie le importa que los niños y los adolescentes de nuestro país estén perdiendo el interés por el estudio?
Debemos darle una vuelta de tuerca a la educación y procurar que haya un compromiso compartido entre el Gobierno, los maestros, los alumnos y los padres de familia, sobre la base de una gestión eficiente, una revisión de los planes curriculares y un replanteamiento de todo el sistema.
Lo demás es seguir dando vueltas alrededor de las medidas apagafuegos del Gobierno para atender la crisis de la enseñanza-aprendizaje, la falta de competencias de los docentes, el desaliento de los alumnos y la desorganizada y débil participación de las comunidades en su condición de actores del proceso educativo.
