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Ante tal situación, el organismo de sociedad civil detalló que interpuso denuncia ante el Ministerio Público (MP) por violación de los deberes de los funcionarios contra el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández (2014-2022), y el extitular del Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva Herrera.



Del mismo modo, en contra de Jorge Rivera Avilés, Julián Pacheco Tinoco, Óscar Chinchilla Banegas, Arturo Corrales, Samuel Reyes Rendón y Carlos Roberto Aldana.



Asimismo, el CNA denunció a Juan Ramón Molina, Lourdes Alejandra Hernández, Carlos Sánchez, Reynaldo Sánchez y Rosa Adelina Pavón por malversación de caudales públicos.



Y es que, según la institución, mediante varias resoluciones se instruyó el equipamiento de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y la compra de vehículos para la lucha contra la criminalidad, entre otras medidas.



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En cambio, según la denuncia, se habrían utilizado más de 11 millones de la Tasa de Seguridad para el pago de vueltos chárter, los cuales no están contemplados dentro del fideicomiso, de acuerdo con la entidad.



De tal modo, el organismo precisó que desde 2022 se estableció que el cobro de dicho gravamen se sigue haciendo sin que este tenga resultados en la seguridad del país.



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<h4>Tasa de Seguridad</h4>



La Tasa de Seguridad fue implementada en 2012 durante el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y el gravamen consiste en un cobro de dos lempiras por cada mil lempiras en transacciones bancarias y otros servicios contemplados en el fideicomiso.



Estos fondos, según su origen, serían utilizados en labores de seguridad ciudadana.



<h4>OABI y Marcelo Chimirri</h4>



Por otro lado, además de la denuncia sobre la Tasa de Seguridad Poblacional, el CNA denunció que el entonces directos de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Jorge Alberto Gonzales Salinas, por supuesta violación de los deberes de los funcionarios.



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Dicha denuncia surge a raíz de que Gonzales Salinas presuntamente incumplió la función de custodia sobre un bien inmueble al permitir que el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, ingresara a una vivienda en custodia de la OABI, a pesar de que tenía conocimiento sobre las condiciones del bien.



Esta vivienda, presuntamente habría sido propiedad de la esposa de Chimirri, Francis Quezada, quien supuestamente no presentó el respaldo correspondiente de su adquisición, por lo que pasó a administración de la OABI.



Ante ello, el exfuncionario, mediante presuntas amenazas exigió la devolución de la vivienda e ingresó a la misma, pese a que esta se encontraba bajo contrato de comodato, es decir, permiso de uso, con la Cruz Roja Hondureña.



Sobre este caso, el CNA señaló que Chimirri y Quezada no pudieron justificar la procedencia de sus bienes y que, al estar la vivienda bajo contrato de comodato, el exgerente de Hondutel entró a la misma de manera no autorizada y con presuntas amenazas.



Asimismo, la entidad reveló que el entonces director de la OABI habría sido notificado sobre el ingreso de Chimirri a la casa, pero este presuntamente no tomó en consideración las mismas.



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De L307 millones es el perjuicio económico de la Tasa de Seguridad: CNA

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