Johnny Ortíz, dirigente del transporte en la zona norte de Honduras, expresó ante los noticieros Hoy Mismo, de TSi, su preocupación sobre la inseguridad persistente en el país y la necesidad de implementar estrategias eficaces por parte del Ministerio de Seguridad.
Ortíz criticó las medidas previas como el estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022, que según él, no lograron los resultados esperados.
En ese aspecto, propuso la infiltración de agentes de seguridad en las unidades de transporte, en todas sus modalidades, incluyendo buses urbanos, interurbanos y taxis colectivos, especialmente en puntos críticos.
Por lo anterior, argumentó que la presencia visible de agentes uniformados podría disuadir a los delincuentes de cometer actos delictivos en las unidades de transporte.
Además, Ortíz subrayó la importancia de utilizar adecuadamente las cámaras de seguridad del 911 en ciudades conflictivas como Tegucigalpa, San Pedro Sula y el departamento de Cortés.
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Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de obtener resultados concretos y evitar más pérdidas humanas y económicas, que incluyen la pérdida de empleos y el cierre de empresas.
Cifras deben reducir
Wílmer Cálix, otro dirigente del transporte, proporcionó durante la semana anterior, cifras alarmantes que evidencian la gravedad de la situación. Según el transportista, al cierre de 2023, fueron 52 operarios de buses, taxis y mototaxis que perdieron la vida en circunstancias violentas, principalmente debido a la extorsión.
Aunque esta cifra representa una disminución con respecto a los 89 casos registrados en 2022, los dirigentes y trabajadores del sector del transporte insisten en la urgencia de que las autoridades tomen medidas para evitar que se registren más muertes relacionadas con la violencia.
Por otra parte, de acuerdo con el informe "Un año de lucha contra la extorsión en Honduras: evaluando avances y resultados", de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), este flagelo alcanzó su nivel más alto en cinco años en el país.
Y es que según los transportistas, fueron unos 600 millones de lempiras que paó el rubro por extorsión a distintas bandas criminales durante 2023.
Los dirigentes del transporte están solicitando al gobierno que tome acción inmediata para proteger a los trabajadores del sector y mejorar la seguridad ciudadana en general.
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