El Gobierno de Honduras oficializó la ley que permite usar de forma anticipada el dinero y bienes incautados a estructuras criminales para el combate a la criminalidad en el país.
Según informó el Congreso Nacional, a través del Decreto No. 227-2026 publicado en el diario oficial La Gaceta, las autoridades podrán disponer de estos fondos incluso antes de que un juez emita una sentencia firme.
Esta medida, según el Poder Legislativo, busca inyectar recursos inmediatos a las instituciones encargadas de la seguridad, la defensa y la administración de justicia en el país.
¿Cómo se autorizará el uso del dinero incautado?
De acuerdo con la publicación en La Gaceta, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) evaluará y aprobará la distribución del dinero en efectivo, depósitos bancarios y valores que estén bajo la tutela de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de terceros, la Secretaría de Finanzas (Sefin) registrará una obligación de restitución.
Esto significa que, si un tribunal ordena devolver los recursos a sus titulares, el Estado garantizará el reembolso correspondiente.
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Repartición de fondos: así se distribuirá el dinero
En tal sentido, el decreto fija los porcentajes exactos de cómo se repartirán los recursos financieros del dinero y bienes incautados entre los entes de seguridad y justicia:
- Secretaría de Defensa (Sedena): 25% para fortalecer las operaciones de las Fuerzas Armadas.
- Secretaría de Seguridad: 25% destinado a la Policía Nacional y la prevención del delito.
- Ministerio Público (MP): 15% para potenciar las investigaciones fiscales.
- Poder Judicial: 15% para agilizar la aplicación de justicia.
- OABI: 10% para la administración y custodia de bienes.
- Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (NII): 5% para labores de inteligencia.
- Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC): 5% para operativos tácticos.
La excepción a la regla
Por otro lado, la reforma a la legislación sobre bienes incautados establece una excepción explícita respecto al dinero retenido a la empresa financiera Koriun Inversiones, procesada por estafar a miles de hondureños.
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa, estos fondos específicos no podrán ser liquidados ni distribuidos entre los operadores de justicia del país.
La medida busca resguardar los activos líquidos de dicha entidad con el fin de priorizar la restitución de los fondos a los ciudadanos afectados por el fraude.
De este modo, las autoridades mantienen estos recursos al margen del esquema de asignación anticipada estatal, sujetando su destino final a las resoluciones del proceso judicial correspondiente.
Garantías legales y límites del decreto
La ley establece estrictamente que el dinero y los bienes incautados deben emplearse de forma exclusiva en tareas de seguridad, lucha contra la delincuencia y atención a víctimas.
Además, la distribución anticipada no representa un comiso definitivo de las propiedades o el efectivo.
Sobre ello, según el Congreso, los juzgados competentes mantendrán la facultad de dictaminar el destino final de los bienes según lo determine el proceso legal.
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