Quienes conducen el sistema de salud nacional han aplicado políticas públicas equivocadas. Tal es así que a diario se quejan los médicos recién contratados que no reciben el pago de sus salarios a tiempo y ¿qué decir de los hospitales móviles o de la lentitud en la adquisición de las vacunas?
Con todo y que han pasado varios días desde que fue decomisado en México un lote de 5,700 vacunas Sputnik que iban a ser trasladadas a Honduras, el tema sigue generando diversas reacciones.
Sobre este evento se sabe que los frascos del compuesto biológico fueron encontrados en una hielera común, en condiciones que no son apropiadas para el resguardo la cadena de refrigeración que el compuesto biológico requiere para conservar sus propiedades.
Se conoce, igualmente, que los fármacos serían transportados a Honduras en un avión que fue rentado por el grupo Karims, propiedad del empresario Yousef Aldami, en el que viajaban ejecutivos y médicos del consorcio.
Ya se preveía que más temprano que tarde se iba a producir el ingreso de vacunas contra el nuevo virus de contrabando, por parte de sectores interesados en sacar los mejores dividendos.
Así ocurrió con el abastecimiento de mascarillas, guantes y alcohol clínico, para mencionar unos cuantos ejemplos, que en la etapa más álgidade la pandemia -entre mayo y julio de 2020- eran comercializados a precios sobredimensionados.
Se recuerda que lo mismo aconteció con el precio de las pruebas de diagnóstico del nuevo virus que alcanzaron valores estratosféricos de hasta 5,000 lempiras.
En el país debe librarse una campaña intensiva para cerrarle el paso a los grupos o redes de políticos y empresarios que suelen estar al acecho de hacer negocios opacos.
Hay que prevenir los movimientos que se lleven a cabo por parte de sectores aliados para sacar "ganancias" a costa de poner en peligro la salud de los hondureños.
Seguramente abundarán los especuladores de oficio dispuestos a incrementar su riqueza vendiendo la vacuna al mejor postor y sin que importe si ese fármaco introducido de manera ilegal o manipulado en condiciones inapropiadas ponga en riesgo la vida de la población.
Las autoridades deben llevar adelante una campaña incisiva para que la población tome consciencia de no dejarse estafar con la venta indiscriminada y sin control de la vacuna, ya que ésta debe ser aplicada de manera gratuita y únicamente en los centros hospitalarios autorizados.
Además de que el fármaco tiene que ser de aplicación” rápida, justa y equitativa”, no tiene por qué permitirse que las droguerías, farmacias o comerciantes al pormenor especulen con el precio de la vacuna.
Los hondureños no deben pasar por riesgos de ninguna naturaleza a causa de las ambiciones de quienes pretenden obtener buenos réditos alasombra de la emergencia sanitaria.
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