Un tribunal de sentencia declaró culpables a 11 exagentes de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) por su participación en un operativo ilegal que terminó con el secuestro, robo y montaje de pruebas contra un ciudadano de origen filipino en Villanueva, Cortés.
Según información de La Tarde, de HRN y TSi, las autoridades judiciales establecieron responsabilidad penal por los delitos de allanamiento de domicilio, robo con intimidación, privación ilegal de la libertad, tratos crueles, inhumanos o degradantes, falsificación de documentos públicos y falso testimonio.
Al respecto, el portavoz del Poder Judicial, Josué Salinas, confirmó el fallo y explicó que la decisión fue unánime.
“Se les encontró culpables por el delito de allanamiento de domicilio cometido por funcionario o empleado público”, detalló el vocero a medios de comunicación.
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Exagentes de Dipampco declarados culpables
Entre los condenados figuran Berta Yanina Alemán Antúnez, Johnny Omar Raudales Núñez, Neris Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadad Amaya Martínez.
Del mismo modo, Evelyn Dailian Triminio González, Andy Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos Ramos, Wilson Isaac Bonilla y Lener Gilberto Quintanilla.
El tribunal también responsabilizó a los exagentes de la Dipampco por el delito de robo con amenaza o intimidación agravado y continuado conta el ciudadano filipino.
Asimismo, cuatro de los exagentes fueron condenados como coautores de privación ilegal de la libertad, tratos crueles y falsificación de documentos públicos. Además, Neris Desiderio Mejía Rodríguez fue hallado culpable por falso testimonio.
Así ocurrió el caso en Villanueva, Cortés
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2023, cuando agentes de la extinta Dipampco realizaron un allanamiento sin orden judicial en una vivienda de Villanueva, donde residían dos ciudadanos de origen filipino.
Durante la operación, los agentes habrían sustraído pertenencias de las víctimas.
Sin embargo, el caso escaló a hechos más graves.
Según la acusación fiscal, uno de los ciudadanos fue trasladado a un botadero de basura, donde lo obligaron a permanecer boca abajo en el suelo.
Posteriormente, le habrían colocado armas y drogas para simular su implicación en delitos.
Luego del hecho, los agentes elaboraron un informe policial en el que acusaban al extranjero de tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego.
Investigación destapó irregularidades en el proceso
Así las cosas, el juez que conoció inicialmente el requerimiento fiscal desestimó la acusación contra el ciudadano filipino al detectar inconsistencias en el informe policial.
Además, ordenó remitir el caso a la Fiscalía de Derechos Humanos y a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para ampliar las investigaciones.
Desde la audiencia de declaración de imputados, las autoridades judiciales dictaron detención judicial contra los 10 agentes presentes.
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