Como una tragedia ha sido calificada la muerte en serie de más de una docena de personas que se intoxicaron por la ingestión de alcohol adulterado en Choloma y sectores cercanos, en Cortés.
Se recuerda que hace unos siete años se produjo una desgracia similar cuando una veintena de personas perdieron la vida por el consumo de alcohol compuesto con sustancias de efectos fatales en Comayagua.
Este hecho que ha llenado de luto a muchas familias, la mayoría de escasos recursos, pone en evidencia la falta de control sobre los centros donde se realiza la destilación clandestina de alcohol.
Un estudio levantado hace algunos años señala que en Honduras son procesados al menos siete millones de litros de aguardiente y licor compuesto en establecimientos no autorizados.
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Ese volumen se mantiene en promedio, debido a que las autoridades de turno se han visto maniatas o no han mostrado interés alguno en ejercer presión legal para terminar con ese negocio.
Investigaciones realizadas en fecha reciente concluyen que las destilerías artesanales han sido relativamente identificadas y ubicas en garajes, talleres e incluso en viviendas de clase media.
También se ha encontrado que entre los involucrados en dichas actividades se encuentran propietarios de distribuidoras legalmente constituidas y personas particulares que mezclan el alcohol con sustancias tóxicas altamente peligrosas para obtener ganancias.
Dependencias gubernamentales obligadas a intervenir en la aplicación de impuestos, fiscalización de mercaderías y decomiso de productos falsificados o alterados, desmantelaron en el pasado cercano algunas fábricas que operaban de manera encubierta en el Distrito Central, en Francisco Morazán, y en El Progreso, Yoro.
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El problema es que no se le ha dado continuidad a las acciones de persecución, vigilancia y castigo contra los grupos que le dan soporte al “mercado negro” de bebidas embriagantes.
El procesamiento no permitido de aguardiente y de licor ha sido un quehacer incontrolado, en parte, porque a las dependencias obligadas solamente les ha importado obtener los ingresos en concepto de tributos a la comercialización formal y legal de bebidas alcohólicas.
