Esa ley fue pactada con los secesionistas de Cataluña como parte de su apoyo para hacer presidente del Gobierno de España al socialista Pedro Sánchez.
En el debate en la Cámara española no estuvo presente Sánchez, con agenda internacional programada, por lo que el encargado defenderla fue el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, mientras que la réplica se la dio el líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo.
López argumentó que la ley es un paso "excepcional", pero constitucional, para seguir avanzando en la "concordia" en Cataluña, y aseguró que hay unidad dentro de su partido con respecto a esa norma, frente a quienes hablan de una división interna dentro de los socialistas.
En su intervención, Núñez Feijóo anunció que su formación pondrá en marcha una comisión de investigación sobre los mediadores internacionales entre los socialistas y el independentismo catalán, ya que considera que Sánchez no ha dado explicaciones sobre este asunto.
Dentro de los acuerdos de Sánchez con JuntsXCat, la formación liderada por el expresidente regional de Cataluña Carles Puidgdemont, prófugo de la Justicia española en Bélgica, estaba la presencia de un "coordinador de mecanismo internacional", figura para la que fue elegido el salvadoreño Francisco Galindo Vélez, con una dilatada experiencia diplomática en América y Europa.
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Galindo Vélez, fue representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Francia, Colombia, México y Egipto y representante regional adjunto para México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba y Belice entre 1987 y 2008.
Un canje al independentismo
Los conservadores españoles consideran esa figura como un canje más de Sánchez al independentismo catalán a cambio de gobernar, mientras que desde el Ejecutivo español la explican como un "mediador" entre partidos que no se tienen confianza.
Para Núñez Feijóo tanto la presencia del 'verificador' como la propia ley de amnistía es "una vergüenza nacional y un bochorno internacional", por lo que su partido se opondrá a una normativa que considera anticonstitucional con "todos los recursos legales y democráticos" y "ante todas las instituciones nacionales e internacionales".
De hecho el PP y el partido de ultraderecha Vox llevaron hace unas semanas el debate de la amnistía hasta el Parlamento Europeo, a la espera de que el comisario de Justicia de la UE analice la constitucionalidad o no de esta medida.
Hasta el momento no hay una postura formal de la UE que considera que la situación con Cataluña es un problema interno de España.
Por parte de los independentistas catalanes, ERC, la formación que ostenta el Gobierno regional de Cataluña, planteó hoy en la sesión del Congreso la posibilidad de un referéndum legal de autodeterminación.
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Lo hizo a través de su portavoz en la Cámara, Gabriel Rufián, quien al margen de esa posibilidad que el Gobierno de Sánchez descarta por no estar recogida en la Constitución española, defendió la ley de amnistía como una "solución política" que "salda una deuda" con Cataluña.
La amnistía en España y otros países europeos
Países europeos como España, Portugal, Francia, Italia o Croacia, entre otros, han aprobado leyes de amnistía en las últimas décadas y con diferentes propósitos, que van desde la reducción del exceso de población carcelaria a la solución de conflictos políticos o armados.
En España la Ley de Amnistía, que entró en vigor el 17 de octubre de 1977, fue la primera norma aprobada por un Congreso elegido democráticamente desde el final de la Guerra Civil y pretendía reparar a las víctimas de la dictadura franquista (1939-1975).
La amnistía recibió el voto favorable de casi todas las fuerzas parlamentarias, solo dos votos en contra y la abstención de Alianza Popular, formación política predecesora del Partido Popular.
La ley, que supuso la puesta en libertad de los presos políticos, amnistiaba todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas cometidos antes del 15 de diciembre de 1976 -fecha en la que fue ratificada en referéndum la Ley para la Reforma Política- e incluía los delitos de rebelión y sedición.
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