Los individuos requeridos son Lenard Francisco Matamoros García, quien se desempeñaba como Receptor II del Circuito Anticorrupción en Tegucigalpa, y su madre, María Reina García Cruz.

Además, se ha solicitado la citación de Dina Emérita Murcia García.

Para lograr su detención, se realizaron allanamientos en la colonia San José de la Peña y la residencial Las Uvas de Comayagüela, donde se encontraron indicios relacionados con los delitos mencionados.

En el transcurso de la operación se incautó un bien inmueble en la residencial Las Uvas, propiedad del fallecido abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios, cuya escritura pública de compraventa fue alterada por un pariente del notario autorizante.

Posteriormente, la madre del funcionario judicial relacionado adquirió la propiedad por menos del 20 por ciento de su valor comercial.

Según el informe del Ministerio Público, las investigaciones iniciaron en 2019 cuando la MACCIH-UFECIC identificó que desde el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional en materia de corrupción se facilitaba información a los investigados.

Esto provocó el fracaso de diligencias prejudiciales y capturas de imputados, identificándose al menos dos ocasiones de entrega de dinero a cambio de dicha información.

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Además, se destaca que los ingresos del funcionario judicial aumentaron considerablemente durante este periodo. Se observaron al menos 165 depósitos en efectivo a través de cajeros automáticos, sumando un total de L2,063,800.00.

La operación incluyó la administración y explotación de juegos de azar no autorizados, inicialmente operados desde la vivienda del acusado.

Durante la pandemia de covid-19, el funcionario continuó la operatividad mediante aplicaciones de WhatsApp y "PÓKER", organizando partidas de juego que operaban como un casino clandestino.

Hasta la fecha, se han identificado aproximadamente 213 jugadores que realizaban sus apuestas mediante transferencias bancarias, sumando cerca de dos millones de lempiras.

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