La petición de Ordóñez surge a raíz de la intervención anunciada por la presidenta Castro en las diferentes cárceles del país debido a los enfrentamientos que se dieron durante Semana Santa en cuatro de estos centros penitenciarios, en los que murió una persona, cuya comisión será presidida por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva.
"Todo esto (petición) lo estamos haciendo en virtud de evitar que se den enfrontamientos, más riñas, más reyertas entre los privados de libertad (...). Queremos que se acerquen a nosotros, que la señora Julissa Villanueva nos convoque para tener una reunión con ella", dijo Ordóñez a noticiero TN5 Matutino de Canal 5.
En ese sentido, la representante de los familiares de los privados de libertad sugirió que se destine un centro penal para albergar a integrantes de la pandilla MS-13 y uno para los miembros de la pandilla Barrio 18, dentro de los límites que establezca la ley.
Sectores vulnerables
Además, recomendó a las autoridades que destinen una cárcel para personas de tercera edad, comunidad LGTBI, personas que padecen enfermedades crónicas y enfermedades mentales, así como cualquier personas que cometa delitos comunes y no pertenezca a estructuras criminales.
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Al respecto, resaltó que estos grupos de personas son más vulnerables debido a su condición, especialmente ante posibles enfrentamientos o reyertas que pueda suscitarse nuevamente en las cárceles de Honduras.
"No queremos que esto sea una condición para tener problemas hacia los privados de libertad, sino que todo se haga dentro de la legalidad y dentro de que se respeten los derechos humanos de todos los privados de libertad", apuntó.
Mora judicial y nuevas cárceles
Del mismo modo, Delma Ordóñez, instó a las autoridades hondureñas a resolver la mora judicial en lugar de la construcción de nuevas cárceles, como lo anunciaron autoridades de Seguridad hace algunas semanas.
#TN5Matutino Privados de libertad piden separación de maras y pandillas ante intervención en cárceles.
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En ese aspecto, según la mora judicial cerró en 2022 con más de 35,000 expedientes por resolver, según un documento del Poder Judicial, denominado Plan de Erradicación de la Mora Judicial.
Delma Ordóñez resaltó, al respecto, que "tenemos alrededor de 8,000 privados de libertad que hasta el momento no están sentenciados, que solamente están procesados".
Asimismo, enfatizó en que el Poder Judicial debe contratar nuevos jueces de ejecución para resolver la mora judicial en las cárceles hondureñas.
"No queremos que se construyan (nuevas cárceles). Estamos escuchando de la construcción de otros dos centros penales, pero creo que podemos ya contar con los que están y sería la mejor solución (separación) que tenemos como familiares y privados de libertad", prosiguió.
Y es que, Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, anunció la construcción de estos nuevos centros penales en las Islas del Cisne, en el Caribe hondureño, así como también en la zona selvática de Patuca, que cubre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, en el oriente y nororiente del país.
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Cárceles en Honduras
Actualmente, Honduras cuenta con 25 centros penitenciarios que albergan alrededor de 19,600 privados de libertad por la comisión de diferentes tipos de delitos, con lo que excede la capacidad de estos, que es de unos 14,700 presos en total; dichos centros penales son administrados por la Policía Nacional.
Durante el sábado 8 y domingo 9 de abril se dieron amotinamientos en las cárceles de Ilama, Santa Bárbara (El Pozo I); Morocelí, El Paraíso (La Tolva); El Porvenir, Francisco Morazá (El Pozo II) y en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, Francisco Morazán, denominados como de máxima seguridad.
Estas reyertas dejaron como resultado una persona fallecida y otras siete heridas.
A raíz de ellos la presidenta Xiomara Castro anunció la intervención de los centros penales y el lunes 10 de abril nombró a Julissa Villanueva para presidir la comisión interventora de estos recintos.
Sin embargo, será hasta hoy que Villanueva anuncie el plan de acción que ejercerá para intervenir los penales hondureños y, con ello, dar transparencia al funcionamiento del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y fortalecer los procesos de reforzamiento de confianza.
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