El abogado Dagoberto Aspra expresó sus cuestionamientos a través de Diario Matutino por HRN, calificando a Luis Javier Santos como alguien con tintes políticos.
Según Aspra, un 80% de los casos de corrupción que investiga la Uferco se dirigen contra miembros del Partido Nacional. Además, mencionó que el caso Pandora II es el primero en el que se ha judicializado al expresidente Hernández, ya que el caso Pandora I no lo involucraba. En ese sentido, Aspra sugirió que la Uferco podría estar aprovechando la ausencia de Hernández en el país.
"Luis Javier Santos tiene un alto ingrediente político, un 80% de los casos de corrupción están dirigidos contra personajes del Partido Nacional", dijo Aspra.
El abogado también expresó su escepticismo en cuanto a la efectividad de las acusaciones, mencionando que poner el nombre de Juan Orlando Hernández en un requerimiento fiscal tiene pocas repercusiones, ya que enfrentar el caso podría tomar años.
En opinión de Aspra, los casos presentados por la Uferco no están suficientemente sustentados y esto se refleja en otros casos que han quedado sin resolverse.
🔴#MatutinoHRN Dagoberto Aspra, abogado sobre acusación de la UFERCO contra expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández en caso Pandora II. https://t.co/lnUSTjFBNM pic.twitter.com/oqpdGdM191
— Radio HRN (@radiohrn) October 12, 2023
Por su parte, la sociedad civil considera que las tardías acusaciones contra los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II son una vergüenza para el país, según lo expresado por Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Junto a los expresidentes, se encuentran involucrados funcionarios de alto rango, como el extitular de la Secretaría de Finanzas, Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, y el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, entre otros.
Según el Ministerio Público (MP), estos funcionarios habrían participado en una red de corrupción que autorizó desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras a fundaciones como Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y Banadesa.
Además del delito de fraude, Juan Orlando Hernández también es acusado por lavado de activos, relacionados con más de 62 millones de lempiras obtenidos de manera ilícita para su primera campaña política con el fin de ser elegido presidente. Estos delitos se habrían cometido entre 2010 y 2013, según información proporcionada por el Ministerio Público.
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