El precandidato presidencial del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla, expresó duras críticas hacia el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que reafirma la constitucionalidad de la amnistía política, una normativa que, a su criterio, favorece a delincuentes y obstaculiza la llegada de la CICIH a Honduras.

Uno de los puntos más relevantes planteados por Nasralla fue el impacto de la amnistía en la posible llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que -apuntó- la decisión de la CSJ prácticamente elimina las posibilidades de que la CICIH se instale en el país.

"Una de las condiciones de la CICIH para instalarse en Honduras era que se quitara esa amnistía, y lo que hicieron 10 de los 15 magistrados, por órdenes de 'Mel' Zelaya, fue convertir la amnistía en constitucionalidad. Eso es traición a la patria, y más temprano que tarde lo pagarán, por lo menos cuando yo sea presidente", expresó con contundencia.

Además, Nasralla también destacó que la corrupción está profundamente arraigada en las instituciones hondureñas.

"En Honduras, son los altos jefes policiales y los altos jefes militares los que están involucrados en la extorsión. No es tanto el muchacho que va y cobra simplemente para comer, son las personas a las cuales se les entrega el dinero", explicó, al señalar que la CICIH sería esencial para desmantelar redes de corrupción, pero que la decisión de la CSJ complica su implementación.

'La amnistía favorece a delincuentes'

Entretanto, Nasralla manifestó que la amnistía originalmente correspondía a personas juzgadas políticamente, pero fue utilizada para "beneficiar a delincuentes".

"Hubo muchas muertes, y a muchos de ellos, los que sobrevivieron, se les metió presos. Correspondía una amnistía, pero la tomó el representante de la justicia del pueblo hondureño, que en teoría es la Corte Suprema de Justicia, para beneficiar a delincuentes. Y ese es el gran problema", señaló recordando las elecciones de 2017.

De igual manera, Nasralla afirmó que la Corte Suprema de Justicia no debería ser electa por el Congreso Nacional, ya que, según él, este órgano no representa los intereses de la mayoría de la población.

Por lo anterior, el precandidato presidencial también denunció un "compadrazgo entre delincuentes incrustados en las entrañas de los tres partidos políticos representados", lo que, en su opinión, obliga a tomar decisiones en contra del pueblo hondureño para proteger a quienes han cometido delitos.

Reformas propuestas para el sistema judicial

Por otro lado, el precandidato presidencial hizo un llamado a reformar el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia y los entes electorales y concluyó que, aunque el sistema está corroído, su movimiento dentro del Partido Liberal busca cambiar esa realidad.

"Nos hemos metido dentro del Partido Liberal justamente para limpiar eso. Somos liberales, pero no habíamos estado dentro del partido. Vamos a cambiar al Partido Liberal y hacer que, con nuevos diputados y dirigencias, tengamos personas honestas que quieran servir al pueblo y sacarlo de la pobreza", finalizó.

Amnistía política y sus controversias

El decreto 04-2022, también conocido como Ley de Amnistía Política, fue aprobado en febrero de 2022 por el Congreso Nacional y está diseñado para otorgar perdón a personas vinculadas con la consulta popular de la Cuarta Urna, impulsada en 2009 por el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).

Este decreto ha beneficiado a más de 60 funcionarios, entre ellos figuras clave como Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel, y Enrique Flores Lanza, exsecretario de la Presidencia, quienes han sido señalados por el mal manejo de fondos públicos.

A pesar de las críticas que ha recibido, el pleno de la Corte Suprema de Justicia reafirmó la constitucionalidad de la normativa con una votación de 10 a cinco, desestimando los recursos de inconstitucionalidad que fueron presentados.

El fallo asegura la validez del decreto en su totalidad, incluyendo aspectos relacionados con indemnizaciones y la protección de defensores de derechos humanos.

Decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia reafirmó la constitucionalidad de la amnistía política después de una votación interna en reunión celebrada por el pleno el 8 de octubre de 2024.

Según el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, la decisión fue tomada por mayoría de votos, con 10 magistrados a favor y cinco en contra, desestimando así los recursos de inconstitucionalidad acumulados.