Anabel Gallardo , presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ), expresó su preocupación por el impacto de la declaración de constitucionalidad de la amnistía política , contemplada en el decreto 04-2022 , en el clima de inversión y la transparencia en Honduras. "Nosotros, dentro de la empresa privada, siempre hemos apoyado la lucha por reducir los índices de corrupción en el país. En el tema de amnistía política , no queremos que situaciones ilegales se queden impunes, sobre todo en el caso de los funcionarios públicos", afirmó Gallardo en entrevista a medios de comunicación. En ese sentido, la presidenta del Cohep también enfatizó en que la transparencia es fundamental para el desarrollo económico y la confianza de los inversionistas . "Es importante que en Honduras se trabaje con transparencia . Como empresarios, defendemos la democracia , y si se van a dar situaciones en las que no se castiguen delitos cometidos por funcionarios, esto no favorece a que Honduras mejore su clima de inversión ni su índice de corrupción ", añadió. Asimismo, Gallardo advirtió que la permanencia de estas amnistías puede desalentar la llegada de organismos internacionales como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras ( CICIH ), cuya instalación ha sido vista como un paso clave en la lucha contra la corrupción . Preocupación por la seguridad jurídica y ciudadana Además, Gallardo destacó que la falta de seguridad jurídica en el país, junto con otros factores como las invasiones de tierras y la inseguridad ciudadana, son barreras que alejan tanto a inversionistas extranjeros como nacionales. "La imagen que Honduras tiene en cuanto a seguridad jurídica es preocupante. El tema de las invasiones de tierras no es un atractivo para que los hondureños sigamos invirtiendo , ni para atraer nuevos inversionistas ", cuestionó. "También está el tema de la seguridad ciudadana; muchas familias no pueden salir de sus barrios debido a problemas de asaltos y robos , y esto también aleja las inversiones", agregó. 'Controlado por intereses políticos' Por su parte, el analista político hondureño, Luis León, lamentó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia fuera m ás política que jurídica y cuestionó que la r atificación del decreto 04-2022 muestra que el sistema judicial hondureño no es independiente. "Primero, hay que lamentar que al final no se haga una evaluación jurídica a profundidad, sino que sea una decisión política desde un ente que debería ser independiente. Cuando se aprobó este acuerdo de impunidad , comenzaron a amnistiar a un montón de personas que estaban siendo señaladas por actos de corrupción ", afirmó el analista. De igual manera, León criticó que los magistrados de la CSJ sean escogidos por los partidos políticos, lo que, según él, compromete su imparcialidad. "Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son puestos por políticos , y yo no entiendo cuál es el interés de ser magistrado si no se tiene la capacidad de pensar y decidir por sí mismos. Hoy la Corte Suprema de Justicia solo viene a ratificar lo que todos temíamos: está en manos de los grupos políticos del país", sentenció. El analista también hizo énfasis en la necesidad de reformar el sistema de justicia en Honduras. "Este mecanismo de elección de magistrados definitivamente debe ser reestructurado y rediseñado, porque no pueden ser los partidos políticos los que definan la norma jurídica en el país", afirmó. Repercusiones del fallo Asimismo, León destacó tres repercusiones principales del fallo de la CSJ. Primero, que la llegada de la CICIH a Honduras parece más lejana. "Naciones Unidas fue clara: parte de la reforma y derogaciones era este pacto de impunidad", señaló. En segundo lugar, advirtió sobre la pérdida de credibilidad del sistema judicial. Y, por último, sugirió que la amnistía política podría facilitar la impunidad para actos de corrupción futuros. "Ahora, cualquiera puede ser amnistiado fácilmente", concluyó. Amnistía política: antecedentes y beneficiarios El decreto 04-2022 , conocido como la Ley de Amnistía Política , fue aprobado en febrero de 2022 por el Congreso Nacional y otorga amnistía a personas vinculadas con la fallida consulta popular de la Cuarta Urna , impulsada en 2009 por el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Dicha ley ha beneficiado a más de 60 funcionarios, entre ellos Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel, y Enrique Flores Lanza , exsecretario de la Presidencia, ambos señalados por mal manejo de fondos públicos. A pesar de las críticas, el pleno de la Corte Suprema de Justicia reafirmó la constitucionalidad de la normativa por v otación de 10 a cinco , desestimando los recursos de inconstitucionalidad presentados. El fallo asegura la validez del decreto en su totalidad, incluidos aspectos sobre indemnizaciones y la protección de defensores de derechos humanos.