La formal solicitud, de la que no sabemos si la ONU respondió ya, pide un plazo de seis meses más, que vencería en junio del 2024. Siendo así, los pocos espacios para hacer calzar los estrechos tiempos que había para la llegada de dicha comisión, terminan prácticamente cerrándose.
Lo que quiere decir también, que ya en este gobierno, la instalación de la estructura internacional contra el flagelo de la corrupción y la impunidad derivada, no la vamos a ver los hondureños.
Lamentable deducción como penosa es la deuda que vuelve a contraer la clase política con una sociedad que sigue aspirando, a pesar de, a una justicia y aplicación de la ley, pronta y equitativa.
Sin duda, que en la instalación de esa comisión internacional han venido descansando muchas de las aspiraciones de una sociedad por una institucionalidad fortalecida y blindada para investigar y perseguir penalmente los delitos, que como la corrupción y el crimen organizado, han flagelado y dañado a esta nación.
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Se trata también, de una promesa más incumplida en medio de una urgencia nacional de que aquí se construya por fin una institucionalidad legal y un marco punitivo, para terminar de una vez con esa rampante y lesiva criminal impunidad.
Por eso es que el atraso y hasta la ahora previsible cancelación de la llegada de la CICIH se convierte en una frustración para los hondureños en el armado de un tinglado institucional para sancionar las conductas delictivas, en todas y sus conexas configuraciones.
En Honduras, la corrupción, en forma de saqueo y malversación de dineros públicos, de fraudulentas concesiones y leoninos contratos, ha sido, sin duda, como la impunidad, el flagelo que como la peor plaga, ha caído sobre nosotros. Ha resquebrajado el tejido social, agravando los niveles de pobreza y desigualdad. Ha sido devastador el daño y terribles las consecuencias.
De allí que el anuncio hecho por el canciller Reina de que ahora hay que esperar otros seis meses mientras se terminan de entender las partes, no hace más que enrarecer la incierta instalación de la comisión internacional, y además, de poner en franco predicado el compromiso empeñado por la presidente Castro, quien en su discurso de toma de posesión el 27 de enero de 2022, prometía que a las siguientes horas de comenzar su mandato, la CICIH instalada en Honduras, se convertiría en el látigo de los corruptos y ladrones.
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¿Acaso es que de nuevo nos vamos a quedar en el aire en la aspiración de parar esta especie de hemorragia de inmoralidad e ilegalidad que prácticamente ha desangrado al pueblo hondureño?
¿Acaso es que no se quiere, en realidad, ver a los ladrones del erario tras las rejas y con el dinero robado de regreso a las arcas públicas?. ¿Se “echó para atrás” la institucionalidad en la decisión de traer una comisión internacional contra la corrupción e impunidad, y parar de una vez esa grosera concesión que a manera de tregua han tenido los delincuentes de cuello blanco para saquear a sus anchas, los dineros del pueblo hondureño?.
La corrupción, lo hemos dicho muchas veces, le niega a la población en estado de mayor vulnerabilidad, su bienestar y derecho a una vida digna; a la posibilidad de una mejor calidad de vida.
No bajemos entonces la guardia ni fracasemos en el intento. La inacción y la dubitativa y complaciente actitud, ha sido el caldo de cultivo de una impunidad rampante, enraizada a su vez en una institucionalidad débil y complaciente.
Seguir haciéndose de la vista gorda y dilatando las acciones contra estos flagelos, es seguir conspirando contra el bien común y bienestar del pueblo hondureño.
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