El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este miércoles un supuesto caso de corrupción en el que se destaca el uso indebido de millones de lempiras de fondos de un préstamo destinado originalmente a enfrentar la crisis de los combustibles en Honduras.
Según la investigación del CNA, la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) gestionó ampliaciones y ejecutó más de 600 millones de lempiras en publicidad y propaganda realizando contrataciones de manera directa, amparándose en el Decreto Ejecutivo 001-2023, sin cumplir lo establecido en la Ley de Contratación del Estado.
El informe revela las conexiones forjadas entre la SPE y la Secretaría de Finanzas (Sefin), que consintió el aumento presupuestario de manera desproporcionada, sin estar fundamentado en una necesidad real, que fue manejado con total discrecionalidad para promocionar las actividades gubernamentales.
Contrataciones directas
El Decreto Ejecutivo 001-2023 permitió realizar contrataciones directas para la comunicación gubernamental, lo que, según el CNA, facilitó el desvío de fondos y actos de corrupción.
El informe señala que los contratos fueron adjudicados a empresas creadas específicamente para recibir estos fondos, algunas de las cuales tendrían vínculos con funcionarios del actual gobierno.
En este contexto, el CNA ha denunciado a altos funcionarios por presuntos delitos de fraude y malversación de caudales públicos.
Entre los señalados se encuentran Ricardo Salgado, Secretario de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE); Rixi Moncada, Secretaria de Defensa; Marlon Ochoa, exministro de Finanzas (Sefin); y Christian Duarte, actual titular de la Sefin.
¿Cuál fue la ruta de la transferencia?
El CNA denunció que la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) ejecutó un gasto excesivo en publicidad y propaganda, pasando de L 1.8 millones en 2022 a más de L 438 millones en 2024.
Este gasto al parecer se financió con fondos de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinado originalmente a enfrentar la crisis de los combustibles, pero que se desvió para estos fines.
Además, más de 200 millones de lempiras donados por el Banco Central de Honduras (BCH) también fueron destinados a publicidad, ignorando necesidades urgentes en salud, educación y seguridad. El decreto ejecutivo 001-2023 permitió contrataciones directas para estos fines, sin transparencia en el uso de los recursos.
Rechazo a la reunión solicitada por el CNA
Gabriela Castellanos, titular del CNA, informó que solicitó una reunión con Ricardo Salgado, quien negó la solicitud. Esta negativa ha sido vista por el CNA como un intento de bloquear la investigación y evitar que se esclarezcan los hechos.
Denuncias adicionales: comerciantes y empresas de maletín involucrados
Además de los altos funcionarios, el CNA ha denunciado a varios comerciantes individuales y empresas mercantiles que, según se señala, estarían involucrados en el delito de fraude al aprovecharse de la situación para lucrarse ilícitamente.
Las autoridades aún no han emitido una respuesta oficial sobre las denuncias del CNA, pero este nuevo caso pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y control en la gestión pública.
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