El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) alzó su voz en la primera conferencia de prensa de este 2023, este martes, al dar a conocer el primer caso de corrupción de 2022 y en el que denuncia ante el Ministerio Público, el nombramiento inconstitucional de los actuales Procuradores de la República.
A través de la conferencia, se reveló un informe denominado "Defensores del Estado y su falsa promesa de ley", en la que se indica la irregular elección y nombramiento del procurador y subprocurador general de la República.
Manuel Antonio Díaz Galeas, Procurador de la República, y el Subprocurador, Tómas Emilio Andrade Rodas, son acusados por violentar la normativa constitucional, ya que ambos no cumplen los requisitos para ocupar la titularidad de dichos cargos.
Congreso Nacional incumplió...
Se resalta que el Congreso Nacional (CN), incumplió lo establecido en el artículo 299 de la Constitución de la República, porque ambos ciudadanos no llenaban los requisitos para fungir en los cargos.
La moción fue presentada por el diputado Rafael Sarmiento (LIBRE), el 2 de febrero de 2022, y esta se aprobó el 3 de febrero, y luego se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, el 8 de ese mes.
El Consejo Nacional Anticorrupción denuncia ante el Ministerio Público nombramiento inconstitucional de actuales procuradores de la república. pic.twitter.com/TPWwP3cVIW
— CNA Honduras (@cnahonduras) January 17, 2023
La conferencia fue dirigida por Luis Urbina, coordinador académico investigativo de la Unidad de Investigación Análisis y Seguimientos del Caso del CNA.
Urbina subrayó que la actual administración está cometiendo los mismos vicios del pasado, razón que motivo a la institución a dar a conocer dicho acto de corrupción.
Posible inhabilitación
"Con la denuncia, lo que pretende el CNA es que se cumpla lo que se esteblece en el artículo 500 del Código Penal", que habla sobre anticipación de funciones públicas, indicó el CNA.
Asimismo, la organización de sociedad civil indicó que aceptar altos puestos públicos sin cumplir la legalidad, conlleva a una pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años.
"Esperamos que el Ministerio Público al habérsele entregado una investigación profesional y completa, proceda a presentar las acciones penales pertinentes", cerró Urbina.
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